No parecía malo que el gobierno dispusiera trasladar al presupuesto general de la nación (PGN) las cuentas de ahorro y corrientes inactivas en el sistema financiero, pues, al fin y al cabo, de algo mejor servirían a los intereses de la sociedad en manos del gobierno.
Dos sorpresas me llevé explorando el tema: 1) Que ya el gobierno de Pastrana les había puesto la mano encima desde la emergencia económica, cuando creó el transitorio impuesto del 2x1.000 que luego se convirtió en el permanente 4x1.000; y, 2) Que hablamos de cuantiosos recursos, hoy estimados en más de 1,5 billones de pesos.
Siguiendo el rastro, la ley 1777 del 2016, reglamentada por el decreto 953 del mismo año, pasó al ICETEX el manejo de los saldos de las cuentas bancarias inactivas con el fin de apalancar el otorgamiento de créditos de estudio y de fomento a la calidad de las instituciones de educación superior.
El artículo 79 (original) del PGN, que parece quedó de 78 en la ley aprobada finalmente, reduce la inactividad de las cuentas de ahorro y corrientes abandonadas de 3 a 1 año, y las limita a la cuantía de 322 UVR (Unidad de Valor Real), al día de hoy unos, $92.414, e incorpora estos recursos, directamente, al presupuesto nacional.
Como reza toda nueva ley “… por la cual se deroga las normas que le sean contrarias”, en tal sentido, la ley de presupuesto 2022 acaba de asestar, por la espalda, un duro golpe al ICETEX al dejar al “banco” de los estudiantes de pre y posgrado más necesitados, sin esos cuantiosos recursos.
Así, aunque se alardee de que este presupuesto contiene la mayor asignación “jamás vista” al sector de Educación ($47,3 billones), lo cierto es que debilitar, en vez de fortalecer el organismo financiero, ideado para apoyar a los jóvenes y adultos de bajos recursos en sus estudios, no es la mejor manera de acompañar el discurso con la acción.
El más reciente informe presentado por el ICETEX da cuenta de que con los rendimientos obtenidos de la administración de cuentas abandonadas, se ha ayudado a unos 9.500 jóvenes a acceder a distintas universidades y se ha financiado, además, el programa Colombia Científica, que proyecta tener más de 300 profesores en el exterior y promover la calidad académica en más de 32 universidades.
La última subasta del fondo se llevó a cabo el 30 de julio pasado en los siguientes términos:
Pero, las sorpresas no terminan ahí. En el transcurso del debate se comprobó, también, la ligereza de algunos congresistas que, por sus declaraciones a los medios, ignoraban que estas cuentas ya estaban intervenidas por el Estado en favor del ICETEX, y nadie defendió al “banco” de los estudiantes pobres; al igual que de algunos medios que andan calificando de “expropiación” la iniciativa incorporada en la ley de presupuesto. Aunque nefasta, en el sentido en que queda descrito, no constituye ninguna expropiación, pues, los titulares, si alguna vez quieren reactivarlas o retirar sus recursos, los bancos y el Estado tienen que responderles por sus depósitos y por los rendimientos correspondientes a que haya lugar. Que la banca y la burocracia oficial les pongan trabas a más no poder, sería otra cosa.
Para rematar, al consultar el informe de Inclusión Financiera 2020, avalado por la SuperFinanciera y la Banca de las Oportunidades, se cae en la cuenta, también, de la falacia que resulta la estadística de una bancarización del 87,8% de la población adulta que tiene algún producto del sistema. Tómese por referencia, nada más, que de 70,5 millones de cuentas de ahorro, solo el 39% aparecen activas, es decir, 43 millones están prácticamente abandonadas, lo que evidencia que, forzando la bancarización, las empresas privadas e instituciones oficiales obligan a los trabajadores rasos y las familias vulnerables a abrir cuentas que luego, cuando pierden el empleo o cesan en el subsidio, las abandonan.
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Fin de folio.- Soñar no cuesta nada, a menos que se derrumbe el castillo en el aire y se convierta en pesadilla.
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