En cuerpo ajeno fue una novela del escritor colombiano, Julio Jiménez, llevada a la TV en 1993. El término se ha incorporado ahora al lenguaje electoral para designar a cierto testaferrato político que se enraíza en este país, dando paso a otras lacras sociales: la nepocracia y la cleptocracia. No es exagerado pensar que el testaferrato político, que en el ámbito económico es un delito, ha escalado hasta la propia Presidencia de la república… El vulgo, que no se guarda modales, le dice “títere” al presidente Iván Duque, inri que parece cargar con orgullo.

Si no fuera una cruel caricatura, Colombia es un país de “héroes sin morir” cuya sociedad vive desde hace muchos años (al sol de hoy, más de 200), sumida una oligarquía con todos los vicios: nepotismo, testaferrato y cleptomanía. La caricatura se alarga cuando se percibe, ya no como un dicho popular sino como sistema, que tenemos una justicia “para los de ruana”. Y cuando cae algún cóndor, le dan la casa por cárcel o celda privada en alguna guarnición militar o policiva, debidamente remodelada a su imagen y semejanza.

El nepotismo es considerado una práctica inadecuada porque, entre otras observaciones, restringe el derecho de acceso de todas las personas en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. ¿Si está legalmente prohibido en la función pública, porque atenta contra el buen gobierno, el nepotismo político, que atenta contra la democracia, por qué no?

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) emitido en dic/2017 afirmaba que por lo menos el 40% de los aspirantes al Congreso 2018-2022, es decir unos 110, entre representantes y senadores, tenían nexos con familiares, amigos o copartidarios inmersos en actividades ilícitas o estructuras criminales: parapolítica, narcotráfico, subversión, evasores de impuestos, contrabandistas, empresarios corruptos y pícaros de todos los pelambres, amén de los delitos de constreñimiento y corrupción del elector. Varios de los señalados en el informe resultaron elegidos, y ahí están, algunos dándonos cátedra de moral y ética desde los altares mediáticos levantados de nuevo para la elección del año entrante.

El informe mencionaba directamente a 65 candidatos, ellos mismos cuestionados por distintos delitos que, bajo el amparo de la presunción de inocencia y el debido proceso, no tenían impedimento legal; y menos los familiares de la misma calaña bajo el argumento jurídico de que en Colombia no existe el delito de sangre, a pesar de que el árbol genealógico de reconocidas familias políticas se pinta de rojo como testimonio de la creciente penetración de organizaciones criminales en la política colombiana.

Es larga, lamentable y vergonzosa la lista de “padres de la patria” sub júdice. Ejemplo del aserto son los dos últimos presidentes del Congreso, Arturo Char y Juan Diego Gómez, ambos con investigaciones pendientes ante la Corte Suprema de Justicia; y agréguese la “joyita” de la actual presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, de autos conocida.

A escasos cuatro meses de la renovación del Congreso (13 de marzo/2022), la alarma se vuelve a encender. Los medios desempolvan sus titulares de primeras páginas: “Políticos en cuerpo ajeno comienzan a mover sus fichas”. Si la moral y la ética de los integrantes de cuerpos colegiados y de cargos públicos de elección popular dejan de ser referentes de su buena conducta, entonces, la ley tiene que entrar a corregir los desvíos sociales. Inhabilitar candidatos por su pasado familiar no debiera codificarse jurídicamente como “delito de sangre”.

Impedir jurídicamente el “reciclaje” político en los cuerpos colegiados y cargos públicos de elección popular, podría cortar la secuencia observada hoy sobre la consolidación de una democracia participativa en virtud del crimen que, de vuelta, desemboca en oligarquías cleptómanas, o sea, doblemente antisociales. Es una discusión que, por lo menos, se tiene que abrir en la jurisprudencia del mundo democrático. Tenemos que llegar a diferenciar que, si bien, no es delito tener un familiar criminal, en tanto en cuanto uno no se beneficie económica o políticamente de ese crimen. Es la aplicación correcta del principio jurídico de que a nadie se condena por lo que es, sino por lo que hace.

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Fin de folio.- Detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Frase atribuida a Balzac, pero que en realidad fue dicha por San Juan Crisóstomo (WikipediA).

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