El Gobierno y altos mandos militares han participado en política y se han puesto al nivel de los candidatos. Y, por unos y por otros, se ha utilizado, a manera de argumentos, la diatriba, el insulto, el descrédito, la descalificación del contrario. 

Además, desde el comienzo, deplorables intervenciones de candidatos, dirigentes políticos, medios y redes, se han orientado a bloquear las aspiraciones de un determinado candidato, el Senador Petro, contra quien no existe impedimento constitucional ni legal alguno, aunque haya pertenecido -como perteneció- a una organización guerrillera. Con ella se adelantó un proceso de paz exitoso durante el gobierno de Virgilio Barco. El Congreso aprobó leyes de indulto, a la luz de la Constitución de 1886, y antiguos miembros de esa organización subversiva -hoy de distintas orientaciones políticas- hicieron entrega de las armas, se vincularon a la institucionalidad, se comprometieron con ella y han cumplido sus compromisos; muchos han llegado al Congreso, han desempeñado ministerios, embajadas, alcaldías y otros altos cargos. Inclusive, conformaron un movimiento político -Alianza Democrática M-19-, varios de cuyos integrantes no solamente hicieron parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que expidió la Carta Política de 1991, sino que uno de sus presidentes -Antonio Navarro- también hizo parte de la organización desmovilizada. 

En consecuencia, ha sido falaz el argumento usado contra Petro: que no puede ser presidente de la República porque es un guerrillero. No lo es. Es un ciudadano con la plenitud de sus derechos políticos, que puede aspirar a ese o a cualquier otro cargo en nuestro sistema democrático. De hecho, ha sido congresista y alcalde mayor de Bogotá. O, si no, ¿para qué es un proceso de paz? 

En esta campaña, en un retroceso inconcebible desde la perspectiva democrática, los debates entre candidatos -antes de la primera vuelta, porque para la segunda no los hubo-, estuvieron centrados en la mejor manera de detener a Petro, en vez de girar alrededor de los grandes temas políticos, las ideas y propuestas de los aspirantes, los planes y programas estructurados, con miras a los próximos cuatro años del gobierno, en materia económica, social, ambiental, educativa, cultural, internacional, de justicia, de paz, de lucha contra el narcotráfico, la violencia, las masacres, los asesinatos de líderes sociales.  

Para segunda vuelta, el contrincante de Petro, ingeniero Hernández, no ha querido participar en debates. La ciudadanía no ha podido conocer sus proyectos de gobierno, ni su verdadera orientación ideológica, sus prioridades, sus propósitos en los distintos campos propios de la jefatura del Estado y la administración, seriamente expuestos. Ni cuáles reformas constitucionales o proyectos de legislación impulsaría. Fuera de manifestaciones con cierto alarde tiránico, no ha dicho cómo serían sus relaciones con las otras ramas del poder público, en especial con la justicia, y ha preferido el uso de palabras soeces para referirse al respeto que le merecen las normas jurídicas que debe cumplir. 

Paro aún con esas carencias informativas, hay que votar a conciencia. Con la mira puesta en el futuro del país, no en el odio. Con la razón, no con las emociones.

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