Dos debates sobre el mismo tema pensional sobresalen en la enfatizada justicia social que pregona el gobierno Petro en Colombia. El primero –tributario—propone gravar los ingresos pensionales de más de 10 millones de pesos-mes; el segundo –social—propone elevar de 80.000 a 500.000 pesos-mes el subsidio a tres millones de anciano(a)s que viven en la indigencia, o al borde de ella. “Eso requiere una reforma pensional”, dijo el Presidente al enunciar la propuesta.
El tema enfrenta dos políticas que, legal y constitucionalmente, debe acatar el gobierno: 1. La regla fiscal (ley 1473/11), que amojona la sostenibilidad de las finanzas públicas en relación con la deuda interna y externa, y ésta, a su vez, en relación con el PIB; y, 2. El derecho a la seguridad social como “servicio público de carácter obligatorio” (art. 48 CN). La regla fiscal no permite echar mano de recursos públicos a discreción para financiar a plenitud las pensiones, que deben buscar sustentabilidad en la relación trabajadores activos versus pasivos.
En el caso del gravamen a las pensiones hay dudas expresadas, entre ellas la de la procuradura, Margarita Cabello, que considera la pensión como “derecho adquirido no vulnerable por leyes posteriores” (art. 58 CN). Es decir –creo yo-- solo las personas que se pensionen posterior a la expedición de la nueva norma tributaria, podrían ser gravadas en el excedente pensional correspondiente.
La controversia jurídica es de largo aliento… Si la propuesta se impone legislativamente, la procuradora ya anticipó la demanda ante la Corte Constitucional; y, ésta, si la declara inexequible, puede otorgar un plazo prudencial al gobierno para sustituir el ingreso tributario, o hacer presupuestalmente los recortes pertinentes. Son elucubraciones propias al tema, hay que recordarlo, porque las altas cortes en Colombia parecen bailar al son que toquen los gobiernos de turno.
El segundo debate es más complejo, pues, toca de lleno con la macroeconomía, y en este campo, cualquier elucubración es válida ya que, precisamente, los economistas, al decir de Lawrence J. Peter, son expertos que pueden explicar mañana el porqué las cosas que predijeron ayer no se cumplieron.
En teoría, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (art. 48 CN)… y sostenibilidad, cabría agregarle, acorde con la regla fiscal de que se habla atrás.
La controversia en este campo, además de lo jurídico, incluye algo más determinante: el poder económico de las Asociaciones de Fondos Privados de Pensión (AFP) que manejan recursos por $360 billones hoy, y usufrutuan en beneficio de sus accionistas… Desde que el gobierno Santos les abrió la posibilidad de invertir en proyectos de infraestructura (decreto 1385/15), buena parte de esos recursos, de propiedad de los ahorradores, apalancan proyectos controlados por los poderosos grupos económicos, como AVAL y el GEA, dueños de los fondos Porvenir y Protección. Una investigación periodística de Cuestión Pública revela que, a mitad del año 2021, tenían en préstamos de las AFP, 11,5 billones de pesos. Y hace poco, a raíz de un debate casado en redes sociales, los hijos del expresidente Uribe, Tomás y Jerónimo, “prósperos empresarios”, admitieron haber financiado con recursos pensionales sus supermercados Nuestro Cartago y Nuestro Bogotá.
El más poderoso banquero colombiano de los años 80, Jaime Michelsen, cayó en desgracia por lo que entonces se denominó “autopréstamos”. Que los poderosos grupos económicos de hoy puedan disponer a discreción del ahorro pensional de los trabajadores, depositados en sus AFP, no es más que la resurrección de los autopréstamos de ayer, legalizados y rebautizados por el expresidente Santos como “autoinversión”.
En Colombia se habla comúnmente de dos regímenes pensionales: RPM (Régimen de Prima Media) y RAIS (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad), pero en realidad son tres, si se considera como régimen no contributivo los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) diseñado para personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, en cumplimiento de otro mandato del Estado Social de Derecho (art. 46), que dispone: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”. El propio gobierno (Ministerio de Trabajo) dice que esto no es pensión… Es cuestión del color del cristal con que se mire.
Los recursos BEPS se financian con cargo al presupuesto nacional mediante transferencias de crédito a la seguridad social… Es donde el presidente Petro vislumbra una reforma pensional que fortalezca a Colpensiones, el organismo estatal que canaliza los recursos pensionales y, obviamente, su fortalecimiento afectaría a los fondos privados que en el pasado, bueno es recordarlo, se fortalecieron a costa de casi obligar a los trabajadores a afiliarse a ellos.
Síntesis: Es válida la preocupación macroeconómica de los analistas, pero resulta contaminada moralmente al defenderla desde el interés particular del poderoso sector financiero. Además, dentro de este debate no se ha tocado, o muy tangencialmente, la principal barrera que limita toda sostenibilidad pensional a largo plazo: el empleo. En un país, cuya informalidad laboral pasa del 58% (DANE), y según apreciaciones creíbles puede subir al 70%, resulta imposible cumplir el mandato constitucional, amarrado legalmente a la regla fiscal. Una verdadera disyuntiva que tendrá que desatar este gobierno en su propósito de implementar la justicia social como base de su otro reto: la paz total.
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Fin de folio.- El invierno enfría a Europa y las protestas sociales calientan el ambiente político. Es la cara navideña de la guerra Rusia-Ucrania.
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