En esta columna hemos insistido en la necesidad de una campaña de largo aliento, de formación de las nuevas generaciones -y de toma de conciencia de las actuales-, que comience en los hogares, en las escuelas y colegios, en las iglesias, en las empresas, en los medios de comunicación, en los gobiernos, a nivel nacional, distrital, municipal y local, y en todos y cada uno de nosotros, para educar y para hacer consciente a la sociedad acerca del enorme daño que, como seres humanos, nos están causando la agresividad, la corrupción, la intolerancia y la violencia, que nos están convirtiendo en un conglomerado salvaje, que nada respeta, y en que impera la voluntad del más fuerte, del más vivo o -peor aún- del más cobarde, pero armado.
En lo que atañe a la política gubernamental de paz, mediante la cual el presidente de la República quiere hacer realidad el mandato del artículo 22 de la Constitución –“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”-, vemos, con perplejidad, que los llamados a los procesos respectivos -los líderes de las organizaciones criminales de todas las tendencias- no son claros, y parecen burlarse de la paz, del Ejecutivo y de los colombianos. No son honestos, que, si lo fueran, ya habrían notificado al país acerca de si existe de su parte una mínima voluntad de acuerdo, o si -en definitiva- Colombia está condenada a seguir por siempre en la confrontación armada, el crimen, el narcotráfico y la muerte de muchos compatriotas.
La ciudadanía, por supuesto, quiere la paz -y la paz total-, pero han sido tantos los fracasos, y han sido tantas las equivocaciones y desilusiones, en nuestra historia reciente, que, pese a las buenas intenciones del actual Gobierno, son muchos los que ya no creen, como lo expresaron en estos días numerosos marchantes, tanto gobiernistas como de oposición, y lo vemos reflejado en las redes y en las encuestas.
Organizaciones llamadas a las conversaciones de paz -inclusive las que tienen asiento, frente a los voceros oficiales, cuando está en curso un proceso que se adelanta en México- siguen delinquiendo, no se deciden por un cese al fuego, atacan, matan y secuestran. Si se les está dando la mano, con generosidad y en posición de diálogo -que para algunos resulta demasiado tolerante-, todos nos preguntamos: ¿qué quieren? ¿seguir en la guerra? ¿aprovecharse de la buena voluntad del Gobierno? ¿seguir delinquiendo y destruyendo?
¿Hasta dónde la paciencia del Gobierno?
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