No hablamos aquí acerca de las bondades o deficiencias del proyecto gubernamental legislativo en la materia, dada la enorme oscuridad que se ha generado al respecto. En vez de ser considerado el problema con base en criterios objetivos y racionales, se ha caído en una confrontación puramente politiquera, en la insistencia del Gobierno en su proyecto, y -del otro lado- en una torpe modalidad de oposición, orientada a bloquear esa y otras iniciativas del Ejecutivo. Sin tener en cuenta la función constitucional de las ramas y órganos del poder público, que no consiste en la satisfacción de tan bajos intereses partidistas sino en la justicia social, en el logro del bien común y en la protección efectiva de los derechos esenciales de todas las personas residentes en Colombia, sobre todo cuando se trata de la salud, en conexión directa con la dignidad inherente al ser humano y con el derecho a la vida. Ni más ni menos.
Pero algunos congresistas prefieren los bloqueos, el “sabotaje” -que algunos de ellos proclaman en las redes sociales-, los gritos ante las cámaras y la disolución del quórum, en vez de cumplir su función -la legislativa-, discutiendo y votando, con tolerancia y respeto, en desarrollo de los debates que prevé la Constitución.
A finales del año pasado, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo informaba, con enorme y justificada preocupación, que entre enero y septiembre de 2022 habían sido presentadas aproximadamente 110.000 demandas en ejercicio de la acción de tutela, en busca de protección judicial para el derecho fundamental a la salud. Fueron 12.203 tutelas mensuales en promedio -según el mismo informe-, una cifra superior en 58,31% a las 7.708 acciones de amparo que, en promedio, se habían formulado en 2021, año en el cual la cifra total de demandas de tutela en materia de salud llegó a 92.499 acciones.
El 77% de las tutelas por violaciones al derecho a la salud se dirigen contra las EPS. En la vigencia 2022, la Superintendencia Nacional de Salud recibió y tramitó casi 37.000 demandas de la misma índole, por violación o amenaza del mismo derecho, todo lo cual, en palabras del doctor Camargo, “sigue siendo inaudito”.
Las cifras totales para 2023 no han sido establecidas, pero todo indica que van en aumento, entre otras razones por causa del no suministro de medicamentos por parte de las EPS, y de la polémica desatada entre esas empresas y el Gobierno Nacional, acerca de la insuficiencia de recursos: aunque el ADRES dice haber entregado a las EPS todo cuanto le corresponde -parece que así es-, las EPS afirman que los costos han sido muy superiores y que se requiere mayor aporte del Estado.
Que el sistema de salud necesita reforma, es algo evidente. No necesariamente el propuesto por el Gobierno, pero es indudable que se debe diseñar uno que garantice eficaz y efectivamente el derecho a la salud, que, como señala la Corte Constitucional, es fundamental y está siendo reiteradamente vulnerado.
