Esta columna de opinión no asume papel de defensa del jefe del Estado, ni de sus ejecutorias, programas y propuestas, ni tampoco se hace cargo de aceptar, apoyar o sustentar los argumentos de la oposición. Se limita a expresar su criterio jurídico en favor de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho.

No vacilo en afirmar, como ciudadano y como demócrata, que los aludidos acontecimientos y varios más -públicamente conocidos-, generados por la enorme polarización política existente, son graves y no pueden pasar inadvertidos. Nos deben preocupar en alto grado. De por medio está, nada menos, el futuro de la República. Nos llevan a pensar que, si dichas actitudes se prolongan y se agravan, puede haber efectos indeseables para nuestra democracia. Por eso, es necesario dirigirnos a todos los sectores, así como al Gobierno, al Congreso, a la Fiscalía y a los órganos de control, a los medios y a quienes participan en las redes sociales, para hacer un llamado a la cordura, al mutuo respeto, a la sindéresis, a la ecuanimidad.

Ese llamado es un deber de quienes, en nuestros modestos escritos y en el ámbito académico, podemos ser escuchados por la ciudadanía y por la dirigencia. La Constitución y las leyes deben ser acatadas, no sustituidas por las vías de hecho.

Las ramas del poder público y los órganos autónomos e independientes tienen funciones constitucionalmente definidas, y deben actuar exclusivamente dentro de sus límites. No pretenda el Gobierno que todas sus iniciativas y políticas cuenten con total y pleno apoyo, porque esta es una democracia deliberativa que permite la diversidad de criterios y reconoce derechos a la oposición.

A la vez, la oposición sabe que los programas y criterios triunfantes en las elecciones presidenciales no son iguales a los suyos, ni a los que predominaron en administraciones anteriores. Y lo normal es que el Gobierno los prohíje y ejecute. Es lo propio de la democracia. Pero eso no debe dar lugar a torpedear y  bloquear todo, por provenir del Gobierno, y menos a buscar por cualquier medio que no termine su mandato, en vez de buscar el diálogo y el consenso, dentro de las instituciones.

Ahora bien, si existen motivos y pruebas, para iniciar procesos o actuaciones contra el Ejecutivo o sus funcionarios, la Constitución y la ley contemplan jurisdicciones y procedimientos que los órganos judiciales deben tramitar, dentro de sus competencias, en Derecho, no a título de oposición política. Con imparcialidad y objetividad y respetando las garantías y el debido proceso.

Es lo razonable y lo democrático. Volvamos a la razón y a la institucionalidad.