Digámoslo una vez más: las circunstancias, hechos y manifestaciones populares que rodearon el proceso político de 1990, que culminó con la expedición de la Constitución de 1991, tuvieron unas características muy específicas, totalmente diferentes de las actuales. Al paso que hace treinta y tres años el país entero reclamaba una nueva institucionalidad, ante una enorme crisis -recuérdese que el movimiento estudiantil que impulsó la convocatoria de una constituyente se denominaba “Todavía podemos salvar a Colombia”-, hoy es evidente que, lejos de existir un consenso en busca de un orden jurídico fundamental que reemplace la Constitución en vigor, se necesita cumplir sus mandatos, desarrollar sus postulados básicos, cristalizar los valores de un Estado Social de Derecho proclamados por los constituyentes, pero que distan mucho de ser una realidad. No se está pensando en revocar esa Constitución democrática, participativa, pluralista, igualitaria, respetuosa de la dignidad de la persona humana y de sus derechos, sino en superar las múltiples dificultades de carácter político, social, económico, la violencia y la corrupción, que han impedido e impiden alcanzar, en todo el territorio y para todos, los objetivos de interés general previstos en la Constitución, tales como la efectiva protección de la vida, la integridad, la seguridad, la paz, la justicia social, la igualdad, la salud, la educación, la sana convivencia, entre otros.
En estos treinta y tres años, la Constitución ha sufrido sesenta reformas -algunas modificadas por otras o declaradas total o parcialmente inexequibles por la Corte Constitucional-, y todavía en el Congreso se tramitan otras. La "reformitis" no es lo más aconsejable para la estabilidad que requieren la organización estatal, el orden jurídico y las instituciones.
Con todo respeto, pensamos que el presidente de la República y el gobierno deberían desistir de la propuesta de una asamblea constituyente. Aunque está prevista en la Constitución como una modalidad del poder constituyente derivado, no es necesaria ni es oportuna, y, por el contrario, generará mayor inestabilidad institucional e incertidumbre social. Agreguemos que el mejor argumento para sostener que en la actualidad no se requiere una asamblea constituyente lo está entregando el propio gobierno cuando expresa que ella se propone, no para ser elegida ni para sesionar durante los dos años que restan del actual mandato presidencial sino para el próximo, cuya orientación política se desconoce. Además, no sabemos cuál sería la ideología predominante entre quienes -si se convoca- resulten elegidos como delegatarios. Bien podría ocurrir que triunfara una tendencia extrema -de derecha o de izquierda-, contraria a los postulados democráticos plasmados, como fruto del consenso, en la Constitución de 1991.
Según el presidente Petro, la asamblea buscaría objetivos como la garantía inmediata de la educación, la salud, las pensiones, el nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria, la economía productiva, la paz y la verdad judicial, propósitos que se pueden alcanzar al amparo de la Constitución vigente, que no se está cumpliendo. Una asamblea constituyente es innecesaria para tales fines.
