Las autoridades de la República están instituidas, no solamente para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus derechos, sino para “asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (Art. 2 C.P.).
El artículo 49 de la Constitución garantiza a todos el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. El Estado debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; establecer las políticas para su prestación por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.
Pero, contra esas disposiciones, lo que viene ocurriendo en Colombia en materia de salud es exactamente lo contrario, no solamente por las deficiencias de funcionamiento, por la inadecuada e inoportuna prestación de los más elementales servicios, por la constante amenaza y vulneración de los aludidos derechos fundamentales, sino por los casos de corrupción que han denunciado el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Salud y la Contraloría General de la República. Es inconcebible, por ejemplo, que, como se acaba de divulgar, entidades prestadoras de salud hayan hecho aparecer como atendidas a personas fallecidas con antelación al supuesto servicio.
Lo cierto e innegable, porque muchas personas y familias lo padecen a diario, es que el derecho fundamental a la salud -con peligro para la vida- es constantemente ignorado y vulnerado por entidades que, se supone, fueron constituidas para protegerlo, dispensando los cuidados, consultas, tratamientos, cirugías, medicamentos, hospitalización y demás componentes de un sistema apto, seguro, eficaz y confiable.
A la inversa, violando las normas, se ha concebido la salud como un negocio; han sido destinados los dineros públicos a finalidades empresariales ajenas a los postulados constitucionales; se ha dejado a las personas en indefensión; miles de usuarios y sus allegados no han encontrado respuesta oportuna a sus requerimientos y necesidades de atención médica y hospitalaria sino en los despachos judiciales, gracias a la acción de tutela.
El sistema de salud está, desde hace años, en crisis, y no de cualquier nivel, sino muy grave. Su solución es inaplazable. Una crisis que ha llevado a los gobiernos -no solamente al actual- a intervenir a la mayoría de las EPS, muchas de las cuales han tenido que ser liquidadas.
Digámoslo con claridad: es urgente reformar las normas legales y administrativas que estructuran el sistema vigente. El asunto no puede continuar siendo objeto de la polarización política. La reforma, sea la propuesta gubernamental u otra -estúdienlo-, es inaplazable. Postergándola o negándola -como viene aconteciendo- no se causa daño al actual gobierno -como cree erróneamente la oposición- sino a todas las personas residentes en Colombia. Todos tenemos derecho a un sistema de salud que se preste en condiciones de eficiencia, oportunidad, dignidad e igualdad.
