Se supondría que, entre los dos gobiernos, el más democrático y amigo de una mayor libertad sería el saliente -del partido Demócrata-, mientras que el autoritario sería el entrante. Pues bien, ocurrió algo inusitado, captado en videos que le han dado la vuelta al mundo, cuando el ministro Blinken comparecía ante la prensa con el objeto de efectuar un balance de sus cuatro años en el manejo de las relaciones exteriores.

Durante su intervención, Blinken informaba, entre otros asuntos, sobre un posible acuerdo de suspensión de hostilidades o “alto al fuego” entre Israel y Hamás. Al menos dos periodistas -Max Blumenthal, editor de The Grayzone, y Sam Husseini, independiente- fueron maltratados y sacados a la fuerza del recinto, solamente porque formularon preguntas, con sentido de reclamo público, que no agradaron al funcionario. Con sus interrogantes, los comunicadores se referían al apoyo dado por la administración Biden a Israel durante el genocidio que tiene lugar en Gaza. Ambos periodistas fueron expulsados del salón por agentes armados, y en el caso de Husseini, con inusitada violencia, en un espectáculo bochornoso.

Es decir, la posición oficial a ese respecto -sin que los demás periodistas presentes protestaran o se solidarizaran con sus colegas- era sencilla: solamente pregunte sobre aquello que disponga el entrevistado. Nada distinto y, además, sin que las preguntas sean incómodas para el declarante ni encierren una crítica o discrepancia, porque eso está prohibido y será repelido por la fuerza. Una actitud contraria a la doctrina y al nombre del partido del gobierno saliente, violatoria de la libertad y contraria a la Constitución de los Estados Unidos.

No es un buen ejemplo el dado por Blinken. En un sistema democrático, en un Estado de Derecho, están garantizadas y deben ser preservadas las libertades públicas, entre ellas la de expresión, así como el derecho a la información veraz e imparcial. Los medios de comunicación deben gozar de la plenitud de su libertad, no importa si son afines o contrarios al gobierno o a quienes ejercen el poder público. Como dice nuestra Constitución, son libres, aunque responsables, con arreglo a las leyes.

En una genuina democracia debe estar garantizado el derecho a la información y preservada la libertad de expresión, que -infortunadamente- también en Colombia ha sido afectada, inclusive por miembros del Congreso y por administraciones de importantes ciudades.

Se debe poder informar, preguntar, inquirir, criticar, desde luego, sin que el ejercicio de ese derecho viole los derechos de otros a la intimidad, a la honra o al buen nombre, ni llame a la violencia, al pánico económico o al delito. Sin censura.

Sacar a periodistas de una rueda de prensa, como en Washington, por formular preguntas incómodas. O, como aconteció entre nosotros, arrojar a la basura elaboraciones artísticas que expresaban el dolor y la búsqueda de madres víctimas del conflicto armado, o borrar un mural que tenía los mismos propósitos, son inaceptables formas de censura