Con independencia de si se comparte o no la decisión adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se ordenó la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe, debemos formular algunas precisiones que se deben tener en cuenta: 

-En el Estado de Derecho nadie está por encima de las normas, ni libre de responsabilidades. Ello significa que el hecho de que alguien, en el curso de su previa actividad, haya hecho cosas buenas –pocas o muchas- a favor de la sociedad no lo habilita para obtener una especie de caparazón que lo haga invulnerable a la acción de la justicia por hechos o actos que se le imputen y que la ley sancione. Por el contrario, la conducta de todos debe mantenerse siempre sometida al Derecho y, si alguien es señalado por algo ilícito, debe someterse a proceso, sin perjuicio de ejercer su defensa.  

Muchas fueron las preguntas que formularon mis estudiantes de Derecho Constitucional a propósito de mi análisis sobre el preámbulo de la Constitución Política, su fuerza vinculante y los valores y principios que integran la parte dogmática de la Carta de 1991, entre ellos la soberanía nacional, la democracia, el Estado Social de Derecho, el respeto a los Derechos Humanos. 

La principal habilidad del diablo es hacernos creer que no existe, dijo el Papa en alguna oportunidad. Y esa es también la principal habilidad de los comunistas que ahora disfrazados de benévolo socialismo o refinado progresismo, están intentando volver al poder de donde fueron desalojados después de dos décadas de pésimos gobiernos, ladronismo y represión a la libertad. Lo de Uribe se inscribe en esa lucha. Los efectos de su encarcelamiento trascienden la ebullición de cotarro político local y sus ondas se extienden por el continente. Basta ver los titulares de prensa, los pronunciamientos y las redes sociales en todos los países latinoamericanos. El galimatías jurídico que justifica la medida de aseguramiento, procede de unas muy desprestigiadas cortes, con un 85% de la opinión pública que no confía en ellas. Más que explicar la decisión, el farragoso auto intenta enviar un mensaje intimidatorio exhibiendo un trofeo de guerra simbólico de esta lucha entre los valores y principios de nuestra cultura occidental y los de un globalismo que nos quiere convertir en abejas para “salvar el mundo” y obligarnos a producir para unas pocas reinas en el panal. Obrerismo a fondo, miseria a la vista. Como bien lo dijo el fiscal Nisman, “suicidado” por el régimen de la Kirchner, “El presidente Uribe es el muro de contención que separa a Colombia del comunismo”. Ese muro desbarató 60 años de una persistente intentona terrorista para apoderarse de la joya de la corona de las débiles democracias liberales en Latinoamérica. En esta misma lucha actual se inscriben Trump y Bolsonaro. La gran prensa, pervertida por ambiciones monopólicas, muy difícilmente trasmitirá alguna buena noticia sobre estos tres personajes que enfrentan un ataque inédito y a muerte. Mírese el peligroso escenario de US con Antifa, algunos de sus miembros vinculados al terrorismo sirio y con BLM, sus creadores declarados marxistas. Por estos lares, la alianza entre narcotráfico (Samper) y comunismo (Cepeda), patente en el Grupo de Puebla, satélite del Foro de Sao Paulo, promueven el narcosocialismo mientras Caracas prohija el brazo armado de las narcofarc. Pero en política, como en física, a toda acción corresponde una reacción en dirección opuesta y con la misma intensidad. Todo el andamiaje jurídico de utilería contra Uribe, está despertando una fuerte reacción de sus admiradores, que son mayoría y de quienes no lo admiran, pero sufren la vergüenza de magistrados venales y corruptos. El temor aquí, que por momentos parece un deseo reprimido, es similar al del ciudadano norteamericano promedio frente a los ataques sinsentido de la Antifa y el BLM: que se despierte una reacción irracional de la extrema derecha que pueda escalar a un conflicto mayor. En Estados Unidos se oyen voces advirtiendo una Guerra Civil. En Colombia, percibimos la renovación de la cruda violencia de la cual no nos hemos alejado y que el mal acuerdo de La Habana renovó. En el tablero del juego regional, la narcocamarilla de Miraflores, siempre a punto del colapso, parece incólume a pesar del derrumbe del país; Evo tiene alborotada a Bolivia, buscando regresar a su proyecto de incanato socialista; Cuba hormiguea en Colombia planeando calculadamente sus pasos para ayudar al éxito de los comunistas en el 2022; Irán-Hezbolá, aumenta su poder desde Venezuela; Rusia, China, Turquía, calculan cualquier movimiento, cualquier pronunciamiento, cualquier “ayuda”. En su última renovación cuatrienal del Libro Blanco de la Defensa, Brasil contempla la posibilidad de su involucramiento en “tensiones y crisis en el entorno estratégico” ante los cuales “el país podrá verse motivado a contribuir a la solución de eventuales controversias o defender sus intereses”. Este giro en la política de seguridad exterior brasileña ¿es una diplomática alerta regional?

En el Estado de Derecho, gobernantes y gobernados están todos sujetos a lo previsto en la Constitución y las leyes. Hay unas reglas de juego puestas en vigencia por el Constituyente a nombre del pueblo y por órganos competentes, con miras a la realización de los valores que la sociedad profesa. A ellas, debida y oportunamente divulgadas y conocidas por el conglomerado, se someten tanto el ejercicio de la función pública como el comportamiento de los particulares. Su observancia garantiza la pacífica convivencia y la vigencia de un orden justo.