El ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández Galindo expone criterios acerca de la filosofía y la aplicación de las normas constitucionales y legales sobre salario mínimo:

Paradójicamente, el Gobierno al que sirvió con fervor la Representante Sandra Ceballos -uribista de primera línea- ha objetado el proyecto de ley que el Congreso aprobó en homenaje suyo, orientado a que las entidades de salud brinden una protección especial y un cuidado integral a los enfermos de cáncer, precisamente la enfermedad que acabó matando a Sandra.


Las objeciones presidenciales han sido formuladas contra el proyecto por razones de inconveniencia y de inconstitucionalidad. Hasta donde entendemos, las de inconveniencia radican en el alto costo que para el Estado demandará la atención a los pacientes que padecen esa mortal enfermedad, argumento deleznable en el Estado Social de Derecho, e inaceptable, cuando el Estado sí destina cuantiosos recursos al pago de recompensas multimillonarias para antiguos guerrilleros.


Las objeciones por inconstitucionalidad, sobre las cuales tendrá que resolver en último término la Corte Constitucional, si el Congreso insiste en el proyecto, radican en una supuesta ruptura del principio de igualdad, dice el Gobierno que en cuanto se dará preferencia a unos enfermos -los de cáncer- sobre otros.


Por una parte, si se quiere igualar, deberíamos igualar por lo alto, y no por lo bajo, es decir brindar toda la atención requerida a todos los enfermos, en vez de pretender que nadie reciba atención integral.


Por otra, no es admisible ese concepto de la igualdad, que desconoce reiterada jurisprudencia, según la cual dicho principio no consiste en dar a todos exactamente el mismo trato, sino en tratar igual a lo igual y en forma diversa a lo desigual, y es claro que no es lo mismo padecer cáncer que tener una gripa.

En el caso de la liberación de secuestrados por acto unilateral de las FARC -que todos deseamos se convierta en realidad muy pronto- resulta necesario precisar varias cosas:


Ante todo, si bien lo deseable sería que quedaran en libertad inmediata todas las personas privadas injustamente de ella, la promesa del Secretariado sobre liberación de seis de sus cautivos es de suyo alentadora, por lo cual tanto la sociedad civil como el Gobierno deben prestar su concurso para la pronta cristalización de ese objetivo humanitario.


La guerrilla ha consentido finalmente en la participación de la Cruz Roja Internacional, superando la desconfianza que había causado la inadecuada utilización del símbolo del CICR durante la operación “Jaque”, factor que contribuirá sin duda al buen éxito de las gestiones emprendidas por la Senadora Piedad Córdoba.


El Gobierno, por su parte, ha flexibilizado su posición inicial, que hablaba de una “trampa” o “celada” de las FARC; ha autorizado a la Senadora Córdoba para proseguir en su actividad, y ha mostrado una buena disposición para facilitar la liberación de los rehenes.


Lo último al respecto ha consistido en dar respuesta a la exigencia de las FARC sobre mediación de un Estado diferente al colombiano, y nos parece que con buen tino el Presidente Uribe ha señalado la posibilidad, muy importante, de que ése Estado sea el Vaticano, mediante la designación por el Papa Benedicto XVI de un delegado suyo.


Hasta el momento en que esto escribo, no se conoce una posición oficial de las FARC al respecto, ni tampoco comunicación alguna de la Santa Sede, pero la idea del Presidente no solamente es aceptable sino muy buena, y es de esperar que obtenga una respuesta positiva.


Lo que importa no es quién o quiénes tomen parte en los trámites que conduzcan al objetivo deseado. En esto, como en todo aquello que toca con los derechos básicos, importa primordialmente lo sustancial. Y lo sustancial en materia de liberación de secuestrados es eso y no otra cosa: ni el protagonismo; ni el show; ni los objetivos políticos; ni los mecanismos que accidentalmente se utilicen. Lo trascendental es precisamente que las víctimas del horrendo crimen puedan volver al seno de sus familias.


En ese orden de ideas, tengo la impresión de que, desde el anuncio de las FARC sobre la libertad de seis personas, ha retoñado la esperanza de las familias afectadas y del país entero, pero también, a medida que pasan los días, el trámite demorado y las condiciones, puestas en cuestiones puramente formales, dilatan sin necesidad la entrega real de los secuestrados, y entonces se prolongan la tortura y la ilusión simultáneamente, lo cual es desconsiderado con las familias y con el país.


En consecuencia, es imperativo solicitar a quienes tienen en sus manos las decisiones, especialmente la guerrilla, que dejen de lado los asuntos menores, y que avancen hacía la efectividad de la promesa.

Desde luego que los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, inicialmente por vía aérea y posteriormente mediante la incursión terrestre, son una reacción al constante lanzamiento de cohetes contra su territorio por parte del grupo Hamas, y ese es el alegato del Gobierno Israelí para no cesar el fuego, pero a todas luces se trata de una reacción exagerada, desproporcionada, violatoria de los Derechos Humanos y, que, para desgracia de la humanidad, ocasionará a su vez nuevas reacciones, también violentas.


El asunto, que constituye el primer gran desafío en el plano internacional para el Presidente Barack Obama, se ha tornado aún más grave en las últimas horas, cuando el periódico inglés “The Times”, la Organización Internacional Human Rights Watch y otros medios han denunciado que el Ejército Israelí utiliza en la Franja de Gaza artillería que contiene partículas incandescentes de fósforo blanco.


Hacemos votos porque la especie, difundida con insistencia, no tenga fundamento en la realidad -e Israel ha desmentido la información de manera tajante-, pues si esto ocurre estamos en presencia de hechos todavía más escabrosos, si se puede, que los muy graves acontecidos en esa zona desde el 27 de diciembre último.


Los denunciantes dicen que el agente químico sí es utilizado; que no es la primera vez que Israel lo usa, y que en esta oportunidad ha afectado ya al menos a 10 víctimas, cuya piel se despega de sus caras y cuerpos. Human Rights Watch manifiesta que investigadores suyos fueron testigos de horas de bombardeos que dejaron olas de humo y éstas contenían fósforo blanco.


El fósforo blanco ocasiona la caída de la piel de las víctimas; puede provocar espantosas quemaduras y gran dolor, en abierta contradicción con los principios proclamados por el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos en caso de conflicto armado.


Si lo dicho es verdad, la conducta israelí es inaceptable. Nada justifica tan monstruosa utilización de químicos en la guerra, menos todavía si se tiene en cuenta que los blancos en este caso han sido integrantes de la población civil, entre ellos gran cantidad de niños.


La verdad es que, en este conflicto como en el de Irak, se ha puesto de presente la debilidad de la ONU y de su Consejo de Seguridad. Véase que la última resolución fue olímpicamente desconocida por las partes.