Certidumbre e inquietudes

LA VOZ DEL PAPA

                                                           José Gregorio Hernández Galindo

Las palabras del Pontífice Benedicto XVI durante su más reciente viaje han sido profundas, serias y sobre todo realistas.

Esta no fue apenas  una gira diplomática, para ver cómo le iba a Felipe Calderón  o cómo se encontraban  los hermanos Castro,  sino una misión pastoral en cuyo desarrollo se han dicho cosas de trascendencia para la humanidad entera.

En México, por ejemplo –azotado hoy por la mafia y el crimen-  el Papa ha defendido una vez más, y de manera  elocuente, la necesidad de que las sociedades, los Estados y las personas –cada una en el interior de su conciencia- restablezcamos y respetemos  los valores y los principios. 

Se entienden los mensajes pontificios de estos días, previos a la Semana Santa, como un llamado  y una alerta. El Papa quiere que volvamos los ojos a nuestro propio quehacer; que retornemos al espíritu del ser humano; que vivamos una vida cristiana más auténtica; que desempeñemos algún papel respecto nuestro y en relación con los demás; que le demos a nuestra propia vida un sentido que vaya  más allá del placer, del poder  y del dinero –los espejismos que han producido el derrumbe de las sociedades porque sus miembros, llevados por un egoísmo extremo, hemos olvidado los valores y hemos  dejado de observar  los principios morales y jurídicos  básicos-.

Todas esas son  verdades, pero en medio del vértigo en que se desenvuelve la vida actual en todos los países  –mientras más adelantados, peor-,  muy pocos piensan en ellas, y los que piensan no se atreven a decirlas. Se preocupan más bien por ocultarlas.

Se atreve Ratzinger, el más importante de los líderes espirituales del mundo, y un profundo conocedor de los fenómenos sociales contemporáneos,  y lo hace ante el sentimiento de angustia que, en el doloroso caso de México, expresaba el Arzobispo de León, Martín Rábago: 

“Hemos vivido en los últimos años acontecimientos de violencia y muerte que han generado una penosa sensación de temor, impotencia y duelo. Sabemos que esta dramática realidad tiene raíces perversas que la alimentan: la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción, la impunidad, la deficiente procuración de justicia y el cambio cultural que lleva a la convicción de que esta vida solo vale la pena ser vivida si se permite acumular bienes y poder, rápidamente y sin importar sus consecuencias y costo”.

No cabe duda: si individuos y colectividades no nos decidimos  a retomar  y a respetar  valores y  principios, estamos perdidos.

EL RECLUTAMIENTO DE MENORES:

UN CRIMEN HORRENDO

                                                                                  José Gregorio Hernández Galindo

Según informaciones periodísticas,  Medicina Legal ha establecido que cuatro mujeres y cuatro hombres, menores de edad, hicieron  parte del grupo de treinta y siete  guerrilleros de las Farc  muertos  durante el bombardeo de las Fuerzas Armadas contra el campamento del denominado  “Frente 10” de esa organización terrorista en el corregimiento Aguas Claras, de Arauquita.

De acuerdo con las mismas fuentes, se confirmó que “todos los subversivos muertos fueron sepultados en el cementerio de Villavicencio, pues los habían tenido que trasladar desde Arauca porque en este departamento no había neveras suficientes para conservar los cadáveres mientras se hacían las necropsias”. A lo cual se agregó que “hubo rumores sobre supuestas intenciones de las Farc de rescatar los cadáveres”.

Suponemos que, ante estas noticias, la Fiscalía General de la Nación establecerá fuera de toda duda si, en efecto, esos ocho menores muertos en el bombardeo eran guerrilleros. Que no se trataba de civiles, pues ello sería muy grave.

Pero sobre el supuesto de lo que se ha dicho, esto es, que se trataba de jóvenes integrantes de la organización subversiva, el hecho constituye una prueba muy dolorosa de que las Farc no solamente continúan en su abominable práctica de reclutar niños y de forzarlos a engrosar sus filas, sino que los conducen a la muerte, utilizándolos como “carne de cañón” frente a la Fuerza Pública.

Se trata, pues, de un doble crimen que pone en evidencia la total falta de sinceridad de los comandantes guerrilleros que con tanta frecuencia hablan de su intención de aproximarse a diálogos con el Gobierno en busca de la paz. Están mintiendo: no pueden tener genuinas  intenciones de acabar con el conflicto si continúan violando de modo tan flagrante los derechos humanos y desconociendo los protocolos internacionales.

De suyo, el reclutamiento forzado de menores es una cobardía. Implica el aprovechamiento de las condiciones de indefensión en que se encuentran miles de niños en los campos colombianos. Cuando se los llevan, bien sea por la fuerza y contra la voluntad del niño –lo que implica un secuestro-, o mediante engaños, o en virtud de una ilícita contratación, se los aleja de sus familias, se los vincula al crimen, se les enseña y se los adiestra en las prácticas delictivas,  les son truncadas todas sus posibilidades de educación y se quebranta de manera violenta el libre desarrollo de su personalidad. Pero además –como lo demuestra el grave acontecimiento que comentamos- se los pone en ostensible peligro de perder la vida. Y, por si fuera poco, cuando ese fatal desenlace se produzca,  el menor muerto figurará en los registros del Estado colombiano como un guerrillero más de los caídos en combate. Como un terrorista.

Un terrible crimen. Una cadena de barbaridades. Un crimen de lesa humanidad. 

ALERTA

                                                           José Gregorio Hernández Galindo

El Gobierno debería preocuparse por los vicios de trámite, algunos insubsanables, que pueden estar surgiendo a cada paso en cuanto a la reforma a la justicia.

Recordemos que la Constitución colombiana, aunque haya sido reformada tantas veces, sigue siendo formalmente rígida, lo que significa que para reformarla es menester que se cumplan requisitos más exigentes que los señalados para modificar las leyes. Eso está muy reiterado en la jurisprudencia y al respecto puede verse, entre otras, la Sentencia C-222 de 1997, proferida por la Corte Constitucional.

Los autores, tanto colombianos como extranjeros, han señalado invariablemente que en el caso de las constituciones escritas, a diferencia de las consuetudinarias (no escritas), las formalidades plasmadas por el mismo Constituyente tienen por objeto que se preserven los fundamentos del sistema jurídico y que, por tanto, esas bases institucionales no puedan ser fácilmente cambiadas según el interés inmediato o coyuntural de los gobernantes. En ese sentido, las dificultades establecidas para enmendar la Constitución son una garantía para los gobernados, y expresan una diferencia fundamental entre el nivel jerárquico superior de la Constitución  -que es de origen político-  y el de las leyes, que tanto en lo formal como en los material son disposiciones subalternas en cuanto expedidas por un órgano constituido.

Las reformas a la Constitución, mediante Acto Legislativo expedido por el Congreso, deben surtirse en ocho debates –cuatro en cada uno de los dos períodos legislativos ordinarios y consecutivos indispensables-. Y esos ocho debates han de versar sobre unos temas definidos y específicos, que deben permanecer a consideración de los congresistas desde el principio hasta el final del proceso. No es aceptable que, en los sucesivos debates en las comisiones y en las plenarias de las cámaras,  el núcleo fundamental del proyecto vaya siendo objeto de adiciones con materias novedosas inicialmente no contempladas y que no han pasado por todas las etapas de discusión y aprobación.

La Corte Constitucional ha sido estricta al respecto y ha exigido en numerosas sentencias que se respete un principio de consecutividad, es decir, que lo sustancial del proyecto de reforma esté presente y sea objeto de discusión en todos los ocho debates, de suerte que no aparezca una norma, así sea muy conveniente, en el sexto o séptimo debate sin haber sido aprobada o al menos controvertida en los debates precedentes. Si así ocurre en este caso, hay un alto riesgo de inconstitucionalidad en lo actuado.

¿LEGALIZAR LA DROGA?

                                                                       José Gregorio Hernández Galindo

Tal parece que un tema inevitable que se someterá a los presidentes americanos en la Cumbre de Cartagena será el de la legalización de la droga, estrategia en la que muchos insisten con el argumento según el cual solamente así se logrará desestimular el negocio de los narcotraficantes.

No estoy muy seguro de que sea ese el efecto, aun en el caso de que todos los países estuvieran de acuerdo en la legalización de manera simultánea, pero, para los efectos de este escrito, no voy a discutir la eficacia de dicha estrategia en el campo propio de la ley de la oferta y la demanda, ni los efectos económicos o de desestímulo especulativo que podría tener la libre circulación de las sustancias alucinógenas en nuestros territorios.

Me parece más útil, como aporte al debate, solicitar la reflexión de los gobernantes americanos acerca de si, en efecto, nuestros países están preparados para afrontar con éxito las consecuencias sociales de una decisión semejante.

Tengo entendido que no se propone la legalización del narcotráfico sino la total despenalización del consumo, y que al comienzo ella no se extendería a todas esas peligrosas sustancias, sino que se circunscribiría a la marihuana, pero inclusive en esos supuestos surgen muchas inquietudes.

Lo primero que se encuentra es una abierta contradicción en la política criminal de los Estados si optaran por liberar el consumo, manteniendo la persecución contra el narcotráfico. Y ello por una razón elemental: no es lógico señalar a los traficantes como delincuentes, y perseguirlos, por distribuir sustancias permitidas y perfectamente legales. Y a la vez, los consumidores de productos lícitos deberían poderlos adquirir de distribuidores también autorizados.

Más allá de tan palmaria incoherencia, se debe pensar en los niños y jóvenes de nuestros países, que a partir de la legalización de la droga se verán expuestos a toda clase de presiones para ingresar al mundo tenebroso de la drogadicción. En los colegios y universidades, y en los sitios de trabajo, así como en los lugares de diversión y esparcimiento, quienes no han consumido estupefacientes serán estimulados y hasta desafiados por sus compañeros y por el ambiente en general para que tengan la experiencia con un producto perfectamente aceptado por el Estado y por la sociedad, que antes lo rechazaban. Eso sin contar con la propaganda a la que, de manera subrepticia o abierta, acudirían los distribuidores de alucinógenos.

No se necesita ser arúspice o adivino para pronosticar que el consumo se incrementará a velocidades impresionantes en los países que autoricen la drogadicción, y eso aunque los gobiernos, adoptando posiciones farisaicas, inicien las consabidas campañas de prevención y de tratamiento sicológico y médico de los adictos.

Si el consumo será legal, ya veremos lo que pase en los estadios, en las discotecas, en los restaurantes, en los teatros, en los conciertos, y durante los recreos y descansos de los estudiantes en colegios y universidades.

Y algo muy grave, que con razón puso de presente en estos días el doctor Álvaro Uribe: que las autoridades de policía, y en general las autoridades, tendrán que observar impotentes cómo se autodestruyen a ojos vista nuestros niños y jóvenes. Y también los viejos.