Editoriales (852)
Micheletti y sus amigos golpistas se quitaron del todo el disfraz democrático que le habían puesto a sus actos de fuerza, y que jamás los cubrió por completo. El gobernante de facto hacía esfuerzos para disimular, pero en él asomaba el dictador desde antes del golpe de Estado. Entonces palmoteaba con fuerza su escritorio de Presidente del Congreso.
Muy pronto se hicieron patentes su intolerancia; su terquedad; su inclinación a la violencia, y su cortísima visión.
En los últimos días, ante el ingreso de Zelaya a Tegucigalpa, no vaciló en plasmar en el papel lo que ya de hecho había puesto en vigencia desde el día del golpe, y por decreto, dispuso la vulneración, antes implícita, de las libertades públicas y el desconocimiento de las garantías constitucionales.
Desapareció la libertad personal: cualquier persona puede ser arrestada y conducida a la fuerza por los policías o militares, sin orden judicial y cuando ellos lo consideren pertinente; sin motivo señalado en las leyes, y sin formalidad alguna. No hay, además ninguna posibilidad de revisión judicial de lo actuado.
No existe la libertad de locomoción: con el toque de queda, la medida favorita de Micheletti, y mediante los cercos armados que se encuentran por todas partes, se impide a los ciudadanos trasladarse de un lugar a otro, circular dentro del territorio o salir de él.
Está prohibido opinar. Nadie puede decir nada en contra del régimen o a favor del regreso del Presidente legítimo al poder. La libertad de expresión ha sido borrada por completo de la normatividad.
¿Derecho a la información? ¿Cuál? Los medios de comunicación contrarios a la dictadura son cerrados a la fuerza. Duele ver, como vimos en las imágenes de televisión, a soldados golpistas desmontando los equipos de las emisoras y sacándolos de las instalaciones de las mismas. Esas son imágenes que creíamos no se volverían a ver en América Latina desde la caída de las dictaduras de Chile y Argentina.
Pero Micheletti comienza a retroceder, por cuanto los errores por él cometidos han llevado a sus propios amigos del Congreso a reclamarle, en especial por las medidas de fuerza. Y entonces, en las últimas horas, ha manifestado que reconsidera las medidas y que buscará una solución a la crisis, e inclusive que permitirá el ingreso de los delegados de la OEA a territorio hondureño, que hace pocos días había prohibido. Lo veremos.
La generalizada protesta contra el Senador Corzo, actual Presidente del Congreso, que hasta implicó la exigencia de su renuncia, merece comentario en dos aspectos.
1) Ha sido una protesta espontánea de la ciudadanía, expresada en su mayor parte en ese extraordinario medio de comunicación en que se han convertido las redes sociales, cuyo poder aumenta diariamente tanto en Colombia como en el mundo, según experiencias que en los últimos años han tenido lugar en procesos políticos y económicos.
Las redes sociales canalizan, si no de manera total -porque no todo el mundo tiene computador o Internet, y no todas las personas pertenecen a ellas-, por lo menos en buena parte, sentimientos colectivos y formas muy diversas de solidaridad.
En Estados Unidos esas modalidades de opinión influyeron decisivamente en el triunfo de Barack Obama, e inciden hoy en su pérdida de popularidad. Obama, a su vez, las usa para defender sus propuestas. Y han sido definitivas en la oposición a los regímenes dictatoriales árabes.
En Colombia el escándalo de Agro Ingreso Seguro se mantuvo vivo, hasta conducir a los procesos que se adelantan, gracias a las redes sociales. Y otro tanto puede decirse de los casos del “Bolillo” Gómez y del periodista Ernesto Yamhure.
Desde luego, no todo cuanto se impulsa en las redes sociales resulta objetivamente encomiable, y por ello cada consigna debe considerarse con mucho cuidado para que las reacciones masivas no produzcan resultados fatales.
Pero, en general, es sano que la gente pueda expresarse con libertad y producir efectos.
2) De otro lado, lo acontecido con el Senador Corzo muestra a las claras que los servidores públicos responden socialmente por sus declaraciones, y que hoy por hoy las tonterías con las que resultan algunos de ellos no quedan impunes, en especial cuando las palabras usadas van contra la lógica o el sentido común.
Adicionalmente, el caso de Corzo ha servido para corregir -ojala así sea- una tendencia equivocada que han venido mostrando algunos de quienes asumen la Presidencia de altas corporaciones, tanto legislativas como administrativas o judiciales: la de hablar públicamente sobre sus propios conceptos individuales, pero de manera inconsulta, como si provinieran del pensamiento y de los criterios de la corporación a la que representan.
No debe ser así. El Presidente del Senado, por ejemplo, debe hablar a nombre del Senado, pero consultando previamente al Senado.
Que una determinada institución, como ahora ocurre con la que establece el sistema de elección del Fiscal General, no opere adecuadamente, debe al menos prender las alarmas acerca de si esa institución requiere ajustes o reformas.
La SalaPlenade la Corte Suprema de Justicia, después de cinco horas de sesión, reiteró este martes que la terna enviada por el Presidente de la República para elegir Fiscal General de la Nación es inviable.
El Presidente a su vez, en forma directa -inclusive desde Nueva York- y también a través del Ministro del Interior y de Justicia, ha dicho una y otra vez que mantiene la terna puesto que en su sentir es idónea, y que él ya cumplió su función -elaborar y enviar la terna, la cual cumple los requisitos señalados en la Constitución-, y que la Corte está obligada a seleccionar al Fiscal General entre los tres nombres señalados.
Es claro que la institución no operó, y que una situación como la presente no alcanzó a ser prevista por el Constituyente dentro de esa visión anticipada que debe tener quien redacta una norma.
En el país, la gente se pregunta quién ganará en este pulso, pero eso, a mi juicio, es lo menos importante; carece de importancia si miramos, más arriba, que no están cumpliendo los cometidos constitucionales.
En efecto, la Constitución contempla la separación de funciones entre las distintas ramas del poder público, pero acompañada por una colaboración armónica para el logro de los fines estatales.
Lo importante, entonces, más allá de los propósitos particulares de los funcionarios -que son transitorios-, es alcanzar las finalidades materiales del Estado y del sistema jurídico.
En lo que toca con los magistrados, ellos no pueden ser obligados a votar contra su conciencia, eligiendo a la fuerza entre candidatos que, en su criterio, no cumplen unos requisitos mínimos para el desempeño del cargo, en especial si ese cargo es de tanta trascendencia para la administración de justicia como el de Fiscal General.
Examinando los posibles caminos que sigan los magistrados al decidir, ellos podrían votar en blanco, y ante la hipótesis de que la mayoría lo hiciera así, podrían ser aplicadas por analogía normas constitucionales como la del artículo 248 de la Constitución, para repetir la votación, sólo con nuevos postulados, descartando los anteriores, como en un concurso que se declara desierto.
Ahora bien, creemos que los propios candidatos están hoy perjudicados, ya que sus nombres y su prestigio son materia de discusión pública y de especulaciones, por lo cual deberían pensar en declinar, y en dar oportunidad al Presidente de reintegrar la terna.
Y después…, habrá que reconsiderar hacia el futuro este sistema de elección, que se muestra defectuoso.
La opinión pública suele dejarse confundir por las generalizaciones, que por su misma naturaleza impiden el análisis objetivo de los hechos, y benefician a los verdaderos responsables de las cosas, pues el caos es el mejor amigo de la impunidad.
Ahora resulta que, según expresiones del Vicepresidente Santos, en el caso de las “chuzadas”, no pasó nada en el DAS, y los que se equivocaron fueron los medios de comunicación.
El Fiscal General encargado denunció que la interceptación al teléfono del Magistrado Iván Velásquez fue practicada ilícitamente desde la Fiscalía, y no cabe duda de que eso debe ser investigado, para saber quiénes cometieron el delito, con cuáles ordenes, y quiénes fueron sus determinadores, verificando además si el mismo se extendió a otros casos.
Pero una cosa es que se investigue lo de la Fiscalía y otra cosa muy distinta que, como pretende el Gobierno, todas las interceptaciones se hayan llevado a cabo allí, y que por vía de generalización se libere por completo al DAS y a funcionarios del Ejecutivo de cualquier responsabilidad en la materia, cuando por paradoja, las denuncias oficiales sobre un supuesto “complot contra el Gobierno” -del cual haría parte el tema de las “chuzadas” imputadas a funcionarios del DAS- coinciden con el anuncio del Presidente de la República en el sentido de suprimir ese Departamento Administrativo y reemplazarlo por una agencia central de inteligencia.
Generalizando, se distrae al público y a la vez resultan protegidos los verdaderos responsables.
No se olvide que también, hace dos años, se conoció de esa detestable práctica en la Policía Nacional, e inclusive salieron de la Institución por cuenta del escándalo once altos oficiales que estaban llamados a dirigirla, sin que, de otro lado, se haya establecido jamás si ellos eran o no responsables. Se generalizó y se confundió. Lo propio aconteció en el caso de los 27 oficiales del Ejército destituidos el año pasado por los “falsos positivos”: los incriminaron de manera genérica y se los presentó por el Gobierno ante el país como involucrados en los hechos, pero nunca se ha probado nada en concreto en el caso de cada uno.
No sabremos en realidad, -ni en las “chuzadas”, ni en los “falsos positivos”- quién o quiénes han estado detrás de estos planes macabros, gracias a las generalizaciones, que son una modalidad maquiavélica de lograr la impunidad.
