Aunque todavía no se conoce el texto del Acuerdo que en materia de justicia celebraron los delegados del Gobierno y de las Farc-EP en La Habana, el comunicado del 23 de septiembre suministra los elementos esenciales para comprender el sentido de lo que se convino en la mesa de negociaciones.

 

Sin perjuicio de inquietudes que puedan plantearse acerca de sus efectos específicos, en conjunto se puede decir que las partes se pusieron de acuerdo en los aspectos fundamentales para que, sin el obstáculo de la indefinición en materia de justicia, sea factible avanzar hacia la terminación del conflicto; para que se desmovilicen los actuales integrantes de la organización subversiva; para que se establezca la verdad de lo acontecido en todos estos años de conflicto; para que se llegue al cese bilateral y definitivo del fuego.

 

Desde el punto de vista jurídico, habrá que esperar el texto del Acuerdo para analizarlo a fondo, para aclarar algunos aspectos hasta ahora no muy bien expuestos, y para deducir los efectos jurídicos correspondientes. Pero en general, lo que se ha conocido confiere cierta tranquilidad en varios aspectos:

 

-No habrá impunidad para los máximos responsables de los crímenes cometidos, no solamente por los miembros de la guerrilla sino por agentes estatales y servidores públicos.

 

-Se concederá amnistía –dice el comunicado que lo más amplia posible-, pero exclusivamente para delitos políticos y los que la ley determine como conexos. Pero no habrá amnistía para los crímenes de lesa humanidad, los de guerra cometidos en forma sistemática, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, los falsos positivos, la tortura, la violencia sexual, y eso resulta muy importante para que haya verdadera justicia.

 

Además, es claro que, al crear un jurisdicción especial –lo que tendrá que hacerse por reforma constitucional-, se iniciarán y tramitarán procesos, y se impondrán condenas. Cuáles sean las penas, es algo que debe definirse con claridad, dentro del concepto de justicia transicional.

 

Y deberá ser prevista la forma concreta de la reparación a las víctimas. No todo está ya contemplado, pero se ha avanzado mucho.