Reconforta que la dificultad consistente en definir cuál será el componente de justicia en el marco del proceso de paz se haya superado en lo esencial, y que los delegados de la guerrilla y sus máximos dirigentes hayan aceptado ser responsables de delitos graves y estar dispuestos a que se aplique la justicia respecto a los crímenes cometidos. Desde luego, una justicia transicional -indispensable para lograr el paso de la guerra a la paz-, que por tanto no corresponde en sus características a la justicia ordinaria. Que, si así tuviera que ocurrir, sería imposible el diálogo, e imposible la paz, y no podrían tener lugar procesos como el actual, ni como los que en otros países han logrado consolidarse.
Seguramente el Acuerdo al que llegó el Gobierno con las Farc en materia de justicia -cuyo texto no conocemos porque hasta ahora solamente se ha divulgado un comunicado conjunto- deba ser sometido a análisis de fondo para definir puntos que han generado inquietudes.
Al fin y al cabo, no hay obra humana perfecta.
Quizá por la natural tendencia del abogado y del académico a la precisión, y a fundar sus conceptos y posiciones en textos definitivos, suscritos y en firme -no en los borradores, ni en las especulaciones (hemos escuchado muchas en estos días)-, cabe decir, con el debido respeto, que la comunicación al país sobre lo pactado ha sido deficiente e improvisada.
Lo mejor habría sido que solamente se divulgara el Acuerdo como tal, para evitar confusiones, dudas y ataques. También habría sido aconsejable que se hubiese concentrado la vocería sobre el tema en una sola persona, porque hemos observado discrepancias y hasta contradicciones entre los delegados, redactores y miembros del Gobierno que han declarado ante los medios, con distintas respuestas ante los interrogantes de los periodistas, y además el jefe de negociadores de las Farc, Iván Márquez, expresó que el Ejecutivo había “tergiversado mucho de lo acordado”. También el Fiscal General se ha pronunciado en torno a lo convenido, y hasta ha manifestado que el ex presidente Uribe puede ser juzgado por el Tribunal Especial de Paz por sus actos como Gobernador de Antioquia, pero que lo actuado como Jefe de Estado “seguirá en el Congreso”, aunque no sabemos si eso está o se deriva del Acuerdo.
Y -desde luego- mientras más demore la versión definitiva y firmada, crecen especulaciones y críticas. Eso debilita la posición oficial y facilita el trabajo de la oposición.
