Desde el punto de vista constitucional, el Gobierno está integrado por el Presidente de la República, los ministros del Despacho y los directores de departamentos administrativos, y en cada caso específico por el Presidente y el ministro o director de departamento administrativo correspondiente. Las políticas generales, como las que se relacionan con los proyectos de ley o de acto legislativo que se presentan al Congreso atañen al gobierno en su conjunto, y no dependen del enfoque ni de la opinión de cada ministro. Deben ser acordadas en el seno del Gobierno -en el Consejo de ministros- y después de que se fijen, han de llegar a las cámaras y al país con posiciones unificadas, bajo la conducción del Presidente, como lo señala la Constitución.
Teniendo en cuenta lo dicho, nos ha llamado la atención que el Ministro de Hacienda anuncie la presentación de un proyecto de reforma tributaria que propone aplicar el IVA a los cuadernos y libros escolares, y otro que, por razón de la crisis fiscal -que no han podido sortear ni siquiera con la venta de Isagén- reduce el presupuesto para educación. Todo sin un consenso interno, como lo deja ver la exposición pública que de su criterio ha hecho la ministra del ramo, Gina Parody.
La ministra tiene toda la razón, porque si, como quiere el Presidente, Colombia aspira a ser en unos años la nación más y mejor educada de América, lo que se necesita es que el Estado le invierta todos los recursos indispensables. No que le saquen plata, como muy acertadamente lo dice la doctora Parody. Ella ha puesto todo de su parte para hacer realidad el proyecto presidencial, y ha dicho con franqueza que lo recomendado por la Comisión de expertos en el campo tributario es equivocado, y que también lo es cualquier recorte presupuestal para educación. Hay que invertir en educación. No gravarla, ni disminuir las asignaciones presupuestales que le tocan.
Entendemos que el Presidente tiene el propósito de seguir adelante con la política educativa que lidera la ministra, pero lo vemos con dudas porque no quiere disgustar a los "expertos", ni al Ministro de Hacienda. Pero va a tener que decidirse y trazar una pauta, que en el Estado Social de Derecho -que a los expertos y al Ministro de Hacienda no les agrada- no puede ser otra que la señalada en forma transparente y clara por la Ministra de Educación. Si prevalece la teoría fiscalista, el Presidente incumpliría uno de los primordiales mandatos de la Constitución y causaría un daño enorme a una de las mejores políticas de su gobierno. En especial, se desconocería el carácter prevalente que en la Constitución y en los tratados tienen los derechos de los niños. El Presidente Santos debe dar la pertinente orden al Ministro de Hacienda, y no dejarse llevar por la dudosa guía de los "expertos", cuyo concepto no es obligatorio.
