Cuando el 23 de septiembre del año pasado, desde La Habana,  con la presencia del Presidente Santos, de alias "Timochenko", del Presidente cubano Raúl Castro, ministros y delegados internacionales, se leyó un comunicado sabre el Acuerdo al que se había llegado, entre Gobierno y Farc,  en materia de Justicia y Víctimas, todos creímos que se había arribado a una correcta aplicación de los principios internacionales de Justicia Transicional, y que no habría impunidad. 

 

Después comenzaron las declaraciones de los abogados asesores, el Comisionado de Paz, el vocero de los negociadores y otros participantes en los diálogos, cada uno con una versión distinta; hubo discrepancias entre Gobierno y Farc sobre el contenido del Acuerdo; se demoraba la divulgación del texto, y al parecer hubo cambios. Cuando ya se divulgó, meses después, se encontró que, en buena parte, lo convenido no era satisfactorio, particularmente en cuanto a Justicia, pues en últimas se garantizaba la impunidad para muchos delitos, y no quedó claro cómo responderían los miembros de las Farc ante sus víctimas. La redacción del Acuerdo no podía ser más vaga y difusa, con términos ambiguos susceptibles de toda clase de interpretaciones. Lo contrario de lo que debe ser un documento final en materia tan delicada.

 

Se pronunció Human Rights Watch, denunciando que había impunidad; no le prestaron atención, y ahora Amnistía Internacional dice que "las sanciones no privativas de libertad expuestas en el acuerdo para quienes reconozcan su responsabilidad en violaciones graves de derechos (...) no parecen ser proporcionales a la grave naturaleza de los delitos de Derecho Internacional".

 

Agrega que "esas sanciones pueden incumplir la obligación contraída por el Estado de prevenir y sancionar esos delitos de Derecho Internacional y, de esa manera, pueden seguir minando una rendición de cuentas efectiva".

 

Concluye que el Acuerdo "contiene una serie de disposiciones, así como una serie de ambigüedades, que parecen no ser conformes con el Derecho y las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación". Como, según los negociadores y el Gobierno, en este proceso de Paz "nada está  acordado mientras todo no esté acordado", bien cabe la revisión de lo supuestamente "acordado ".