Lo que acaba de suceder en Cali, en donde dos personas murieron mientras hacían cola esperando atención de Cafesalud, la entidad que asumió la responsabilidad en la prestación de los servicios de la liquidada Saludcoop, es apenas una muestra del pésimo sistema de salud existente en Colombia, que viene de mal en peor, en el cual no importa la salud, la integridad, la dignidad ni la vida de los pacientes sino las ganancias de los intermediarios. Porque desde hace unos años, contra lo señalado en la Constitución y lo expuesto en múltiples sentencias por la Corte Constitucional, en Colombia la salud se convirtió en un negocio.

 

Además, no se trata de cualquier negocio, sino de uno muy productivo para los corruptos, que han encontrado la manera de explotarlo por la vía de la contratación.

 

Ha dicho la Corte Constitucional desde 2012: 

 

"La malversación de los recursos, el desgreño administrativo y la falta de control" son males que amenazan el derecho fundamental de los colombianos a la salud y que ponen en peligro la vida de muchos.De allí la orden impartida al Gobierno en el sentido de ejercer un estricto control orientado a erradicar las actividades de los que la Corte llamó “mercaderes de la salud”.

 

Agrega la Corte:

 

"Los particulares que prestan dicho servicio en nombre del Estado y bajo su tutela deben comprender que la función que cumplen en momento alguno puede ser entendida como un negocio  (...) Causa inmenso rechazo conocer los acuerdos llevados a cabo por EPS de régimen contributivo con el fin último de defender sus intereses y no los de la población colombiana".

 

Más adelante ha sostenido:

 

"Causa inmensa preocupación que los diferentes órganos estatales no comprendan aún los compromisos de un Estado Social de Derecho (...) La actividad de los mercaderes de la salud va en detrimento del derecho fundamental de la sociedad".

 

La Corte Constitucional ha impartido varias órdenes al respecto, para proteger los derechos fundamentales, pero hasta ahora la actividad de los organismos gubernamentales y de control no ha arrojado resultados acordes con la exigencias constitucionales al servicio público de la salud.

 

En las últimas horas ha estallado un escándalo enorme porque se descubrió por la Procuraduría un segundo saqueo a Saludcoop, en liquidación. Según el informe, el propio liquidador, llamado a corregir las fallas anteriores y a salvar el patrimonio de una institución en que había despilfarros y asalto a sus recursos, ha celebrado contratos por bienes que no requería la entidad y que nada tenían que ver con su función. Entre otros, se mencionan: camionetas blindadas para uso personal y familiar, por valor de más de $500 millones de pesos; fiesta de Navidad que tuvo un valor superior a los $400 millones de pesos, aunque la prensa asegura que  costó más de $1.000 millones de pesos; contrato de remodelación de las oficinas que ocupaba la entidad en edificio arrendado; sillas masajeadoras; lámparas lujosas de luz relajante…

 

En fin, lujos y más lujos. Contratos y más contratos, por muchos millones de pesos, mientras los pacientes mueren en las colas esperando ser atendidos. Son injusticias que claman al cielo y a las cuales el Estado debe poner remedio urgente. Sin tantos anuncios. Con efectividad y drasticidad en las sanciones.