Lo primero que debemos advertir es que hemos visto con muy buenos ojos la decisión gubernamental de iniciar hace casi cuetro años los diálogos con la guerrilla de las Farc. El país no puede seguir en guerra. Los colombianos tenemos derecho, de rango constitucional, a lograr la paz. Una paz genuina. Verdadera. Sincera. Y debemos conseguirla para nuestros hijos y nietos, no por la vía de la violencia -que genera más violencia- sino mediante el diálogo. Una paz alcanzada por la vía del intercambio de ideas y propuestas, y no por el camino de la confrontación armada.
Sin embargo, hemos considerado también que no todo el proceso, ni su metodología ha sido acertado. Y vale la pena advertir las falencias y equivocaiones, no contra la paz sino como forma de colaboración para lograr el objetivo.
Ese objetivo se debe alcanzar, pero no justifica cualquier medio. Y ahora que se ha firmado un primer acuerdo sobre cese bilateral y definitivo de las hostilidades, si bien lo consideramos un paso trascendental y muy valioso hacia la paz, debemos formular algunas inquietudes, dado que lo hasta ahora conocido de los convenios no resulta muy claro. Deja dudas que se deben despejar.
Así, por ejemplo, nos inquieta que nada se haya dicho por las Farc acerca de la liberación de secuestrados en su poder. Hay muchas familias que nada saben de sus seres queridos, salvo que se los llevó alguno de los frentes de esa organización guerrillera. Y quieren saber si están vivos o muertos, y en todo caso dónde están.
Tampoco se ha dicho nada sobre la liberación de menores de 18 años vinculados a las filas guerrilleras a la fuerza o mediante engaño. No los han debido reclutar a la luz del Derecho Internacional Humanitario, pero ahora que se deben acabar las actividades terroristas, ya tendrían que haber sido reintegrados todos ellos a sus familias.
Nada se ha dicho acerca de cómo las Farc van a reparar a sus miles de víctimas, ni tampoco sobre el dinero que han recaudado en todos estos años por la vía del narcotráfico y la extorsión.
Tampoco ha quedado claro que los autores de crímenes de lesa humanidad, o de guerra cometidos en forma sistemática, serán excluidos -como deben serlo- de cualquier forma de amnistía o indulto.
Hemos visto además que en estos días, una vez divulgadas cuáles serán las zonas de ubicación de los guerrilleros, las autoridades y las comunidades de las zonas afectadas -o que se pretende afectar- rechazan la arbitraria escogencia. No fueron consultadas. Y al parecer, en muchos lugares la población no quiere la presencia guerrillera. ¿Puede ser obligada?
Son muchas las preguntas, que aquí seguiremos formulando, como aporte al proceso, porque los aplausos y las venias no ayudan.
