Hace 26 años, por estas fechas, deliberaba la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el pueblo colombiano el 9 de diciembre de 1990. Sus tareas culminaron el 4 de julio de 1991, y el 7 de julio fue promulgada la Constitución, mediante la publicación de su texto en la Gaceta Constitucional, órgano oficial de la Asamblea.
Se esperaba que, desarrollados como lo han sido por la Corte Constitucional, sus valores y postulados -en una nutrida jurisprudencia-, la Constitución se arraigara definitivamente, y fuera acatada y respetada por el Estado y por todos los órganos e instituciones, para garantizar una pacífica convivencia, y que, al amparo de ese estatuto -en cuyo artículo 22 se consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento-, se llevaran a cabo procesos de paz con las organizaciones alzadas en armas para vincularrlas a la institucionalidad. Por eso fuimos partidarios del proceso iniciado hace ya 5 años, por iniciativa del actual gobierno.
Sin embargo, a medida que el proceso avanzó, fuimos viendo que la Mesa de diálogo de La Habana se fue entendiendo por las partes, en particular por el Gobierno, como una especie de Constituyente, capaz de reformar todo el sistema jurídico, comenzando por la Constitución, y de implantar un sistema de justicia superpuesto a los órganos y tribunales previstos en la Carta de 1991. Se firmó, entre el Presidente de la República y el máximo jefe de las Farc, un voluminoso Acuerdo de 297 páginas cuyo contenido no alcanzaron a conocer ni a dimensionar los colombianos, que de todas maneras fueron convocados a un plebiscito en que, por la propaganda oficial, se confundió la paz como valor -en cuyo logro todos estábamos de acuerdo- con ese extenso y en muchos aspectos incomprensible documento que pocos leímos. Como si fuera lo mismo.
Se votó, tras las campañas por el SÍ y por el NO, opciones igualmente legítimas. Ganó la opción negativa. Triunfó el NO al Acuerdo, lo que de ninguna manera implicaba rechazar la paz. Pero el Gobierno, cuyos delegados y los de las Farc añadieron otras páginas, llevó al Congreso un documento de 310., igual en su contenido al improbado en las urnas . El Congreso lo respaldó políticamente, pero ese apoyo se presentó al país como una "refrendación popular", sin que lo fuera, y así lo aceptó infortunadamente la Corte Constitucional. Ahora, el Senado aprueba que ese Acuerdo es el máximo nivel de nuestro ordenamiento, que se incorpora al bloque de constitucionalidad, que es inmodificable por tres períodos presidenciales y que está por encima de la Constitución. La Carta Política de 1991 ha sido sustituida por el Acuerdo de Paz.
