Nos parece inapropiado, por decir lo menos, que, desde el Congreso, algunos de sus miembros pretendan descalificar o impedir que el pueblo proteste contra la corrupción.

Como lo hemos dicho aquí varias veces, la corrupción es un cáncer que, infortunadamente, ha hecho metástasis, y que hoy afecta a muchas instituciones; que se ha filtrado y entronizado en entidades públicas y privadas, y que ha afectado inclusive a las campañas electorales por la presidencia de la República.

Los colombianos estamos abrumados por las cargas tributarias. De conformidad con la Constitución, estamos obligados a contribuir al sostenimiento del Estado y de sus actividades. Para eso son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y un ciudadano consciente de ese deber tributaría con gusto, con buena voluntad, y no por miedo a las sanciones, si supiera que en verdad el producto de las exacciones tributarias, los dineros públicos, van al tesoro nacional, departamental, distrital o municipal, con destino a las obras y a  las diversas actividades que benefician a la colectividad y que tienden a satisfacer el interés colectivo; a realizar la justicia distributiva; a crear las condiciones económicas indispensables para el funcionamiento del Estado Social de Derecho.

Pero la realidad es que los recursos y el patrimonio público se están trasladando, cada vez con más frecuencia y con mayor descaro, a llenar las arcas de los corruptos. Y hemos descubierto que las adjudicaciones de cuantiosos contratos se deben igualmente, en gran parte, al pago de sobornos, coimas y porcentajes corruptos; que hay cohecho en todas partes; y que desde las campañas políticas se hacen promesas y se contraen compromisos a cambio de dinero.

El colombiano del común tiene todo derecho a protestar por ello; a hacerlo pacíficamente, pero a hacer sentir su voz, para pedir que los órganos correspondientes cumplan con su función; investiguen; establezcan lo ocurrido con base en pruebas, y deduzcan con prontitud y eficacia las consecuencias de los hechos y actos corruptos y de los muchos delitos que se cometen con el fin de lograr el enriquecimiento ilícito y en perjuicio del patrimonio público.

El derecho a la protesta, mientras sea pacífica, está garantizado en la Constitución, y no cabe descalificarlo, impedirlo, ni desalentarlo

Pensamos que no es un grupo o partido el que está llamando a la protesta. No. Es el país entero, espontánea y libremente,  el que quiere protestar, porque está despertando. Protestar en forma pacífica es hoy no solamente un derecho. También un deber ciudadano.