La matanza de San Valentín,  como ya se la conoce,  corresponde a la categoría de crímenes horrendos, que tienen lugar de manera recurrente en territorio de los Estados Unidos,  bajo el mismo esquema: un individuo enloquecido,  cruel,  implacable,  obnubilado,  portando un arma de gran poder, ingresa tranquilamente al campus de una escuela, dispara a diestra y siniestra y mata a muchas personas,  en este caso 17, completamente indefensas.

Los hechos ocurrieron el miércoles 14 de febrero en Parkland,  Condado de Brower,  Estado de la Florida, en la Escuela Secundaria Maryory Stoneman Douglas,  y el asesino es un hombre de 19 años,  Nikolas Cruz,  de quien, se dice, presenta graves alteraciones mentales. Ex alumno del mismo  establecimiento,  del cual había sido expulsado un año antes, por su carácter agresivo y por haber amenazado a sus compañeros.

A raíz de la masacre,  como siempre,  se reabre el debate en los Estados Unidos acerca de la necesidad de controlar la libre venta de armas,  defendida por la poderosa "Asociación del Rifle",  y que tiene sustento en la Segunda Enmienda de la Constitución de Filadelfia de 1787. Según su texto, "siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".

Como lo hemos dicho, esta es una masacre más, de tantas que se repiten en territorio norteamericano. Unas noticias son reemplazadas por otras, y muy pronto, tras el dolor y las terribles escenas y testimonios transmitidos por la televisión,  las condolencias oficiales y la contabilidad de los medios acerca de si es o no el mayor tiroteo en la historia, nuevos asuntos ocupan la atención del público, el episodio sale de publicidad  y el tema de las masacres y la posesión de armas pasa a segundo plano, o simplemente se olvida. Hasta la próxima masacre. Se volverá a discutir, y todo seguirá igual. Hasta otra masacre, más adelante y en cualquier sitio.

Desde luego, el Presidente Donald Trump, que nada  dice acerca de la fácil venta de armas en ese país, escribe un trino en el que envía sus oraciones y condolencias a las familias de las víctimas, agregando que, según sus deseos, “…ningún niño, maestro ni nadie más debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”.

Palabras similares a las del Presidente Juan Manuel Santos en Colombia, hace unos meses sobre la muerte de miembros de la fuerza pública a manos del ELN: su corazón al lado de las familias de las víctimas. Discursos parecidos a los de Barack Obama a propósito de masacres anteriores en Estados Unidos, o de François Hollandeante los hechos  en la sede de la revista Charlie Hebdó o en el interior del Teatro Bataclán, en Paris. O de Mariano Rajoy,  tras la balacera en Barcelona.

Desde luego son expresiones probablemente muy espontáneas y sinceras de los gobernantes, particularmente ante la presión de los medios. Si no las hubiesen pronunciado, con seguridad serían cuestionados por no haber dicho nada. Pero no dejan de ser “palabras, palabras, palabras”, como las de la canción que popularizaran en los años setenta las cantantes  Dalida y Silvana Di Lorenzo.

Los Estados y los gobiernos están para muchas cosas, pero en especial para proteger a sus  ciudadanos y a las personas residentes en su territorio, y para garantizar los derechos esenciales, entre ellos el más importante, el derecho a la vida, como reza en el caso colombiano el artículo 2 de la Constitución de 1991.

No lo hacen, y se quedan en las palabras, dejando en todos los corazones, más que su compañía, la sensación de abandono y de desprotección.

El Presidente Trump prefiere hablar ahora de los problemas mentales de este tipo de asesinos, pero no ve -o no quiere ver- que se requiere una política de prevención contra el crimen mucho más efectiva, y que se hace necesario  y urgente reconsiderar la vigencia de la Segunda Enmienda de la Constitución de 1787, a cuyo tenor  “no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”, norma que, en su tiempo,  se pudo justificar como elemento importante para la seguridad ciudadana, pero que ahora conspira contra ella.

En efecto. las circunstancias históricas, en cuyo contexto se escribió el precepto, no son iguales a las del siglo XXI. Tal vez, entonces tuvo asidero esa garantía con la finalidad de brindar posibilidades de defensa a la colectividad.  Hoy la situación es la contraria.  Las armas actuales son muy sofisticadas y mortíferas. El libre acceso a las armas -cualquier tipo de armas-  por parte de cualquiera,  inclusive un perturbado mental como Cruz,  cuya mirada extraviada y agresiva lo muestra como peligroso,  constituye una amenaza grave, latente y permanente para la ciudadanía.  El presidente Trump y el Congreso deben revisar - ojalá lo hagan, aunque no lo creemos- su recalcitrante posición al respecto. Lo  demandan, cada vez con mayor temor y dolor, muchos  estadounidenses.