El proceso de implementación de los acuerdos de paz ha sido  tan complejo,  incoherente y contradictorio que ha generado confusión, tanto en la actividad del Congreso,  el Gobierno, la Fiscalía y los jueces, como  en los medios de comunicación y,  por supuesto,  en la ciudadanía.

Un estudioso abogado me decía que no ha podido digerir,  ni siquiera en parte,  en su contenido e interpretación,  la cantidad enorme de disposiciones constitucionales,  legales y administrativas, ni las sentencias de la Corte Constitucional, o los comunicados que las han venido adelantando. Y ello,  no solamente por la extensión de los textos sino por la terminología utilizada,  la dificultad en memorizar las letras mayúsculas que resumen largos nombres de las nuevas instituciones, la pesada redacción, y las contradicciones entre normas, a lo cual se añaden los condicionamientos y el sentido dado a la normativa por los fallos de constitucionalidad.

Por si fuera poco,  todo el conjunto de normas,  unas definitivas y otras transitorias,  debe ser interpretado en armonía con la Constitución vigente,  porque,  cono lo hemos dicho varias veces,  ella sigue siendo norma de normas,  y sus valores,  principios y postulados siguen en pleno vigor.

Piensen ustedes,  entonces,  en las dificultades que tendrán los jueces y magistrados al aplicar la nueva normatividad sin equivocarse.  O en las de quienes ejercemos como profesores de Derecho Constitucional o de Derecho Penal,  particularmente con los estudiantes de los primeros semestres,  y las que afrontarán los mismos estudiantes,  tanto los que por primera vez se asoman al Derecho como los que,  después de haber terminado materias,  deben estar actualizados para sus exámenes preparatorios. Entender cuál es el sentido de todo el sistema no será fácil,  y menos todavía su aplicación.

Pero nada de lo dicho es excusa para cumplir cabalmente lo dispuesto en la Constitución y la ley.  De modo que ni los jueces,  los ordinarios y los de la JEP, pueden dejar de administrar justicia,  ni los profesores dejar de enseñar el Derecho,  ni los alumnos de estudiarlo.

En fin,  la Constitución sigue vigente,  y será ella la que nos oriente.  Pero,  todo el mundo,  a estudiar,  y a estudiar mucho.