El más reciente gesto de paz del ELN: cinco soldados cobardemente asesinados y diez más heridos.

La víspera del acto criminal la organización terrorista había anunciado un cese al fuego durante unos días como señal de respeto a la democracia y a las elecciones del 11 de marzo.

El Gobierno,  como se sabe desde hace rato,  ha perdido por completo el control,  y mientras soldados,  policías y líderes sociales siguen siendo sacrificados,  y el ELN,  bandas criminales  y los disidentes de las Farc continúa burlándose del país,  no hace otra cosa que anunciar la inútil eliminación de tres ceros a los billetes y pronunciar discursos vacíos de contenido,  en los cuales dice condenar los actos terroristas.  Pero listo para reanudar los diálogos,  que culminarán seguramente con la impunidad para los autores de estos y los demás crímenes,  como ha ocurrido con miembros de las Farc que hacían lo mismo.

El consenso nacional,  incluidos candidatos y partidos políticos de oposición y afines al Gobierno,  va en otro sentido. La ciudadanía exige justicia,  repudia con razón los crímenes,  rechaza la burla del cese al fuego y se opone a los diálogos que el Ejecutivo está presto  a reemprender con una organización terrorista y mentirosa.

Requisito sine qua non para un proceso de paz consiste en la voluntad de paz que demuestre el grupo que lo pretende. La actitud del Gobierno,  que representa la legalidad, la autoridad y el imperio del Derecho, y que tiene a cargo la protección de todas las personas residentes en Colombia y la preservación del orden público, no puede ser la de estar mendigando ante los terroristas para que se sienten a dialogar.  El Presidente debe ejercer sus atribuciones y cumplir con su función como Jefe de Estado y de Gobierno,  y supremo comandante de la Fuerza Pública,  para hacer que se respete la legalidad,  la vida y la integridad de los colombianos.

En las actuales condiciones no puede haber diálogo.