Se inicia el último período legislativo del actual Congreso.  Ya el Gobierno ha presentado algunos proyectos de ley y de reforma.

Como siempre debería ocurrir,  hemos visto que varios congresistas los están mirando con cierta reserva.  Los piensan examinar con cuidado,  y ello es bueno y oportuno porque se trata de iniciativas muy discutibles.

Uno de los proyectos es el relativo al "sometimiento" de los integrantes de las bandas criminales a la justicia. Contempla el otorgamiento de beneficios, entre ellos la disminución de penas para quienes se acojan al proceso, así como autorización a la Fiscalía General para que sean suspendidas órdenes de captura una vez se hayan cumplido ciertos requisitos.

Se dice en el texto que tales grupos, beneficiarios de la norma propuesta son "Aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (...) Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado; la población civil; bienes civiles, o contra otros grupos armados.  Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios y tensiones internas.  Que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional".

Los grupos delictivos interesados deberán expresar su voluntad por escrito al Gobierno, y relacionar los bienes obtenidos durante la actividad ilegal, un plan de reparación para las víctimas, el listado con la identificación de los menores que hacen parte de la organización y los delitos que serán reconocidos de manera colectiva o individual, en particular actos de corrupción y tráfico de estupefacientes, rutas, lavado de activos y ubicación de plantaciones, y deberán denunciar vinculación de servidores públicos a las organizaciones delictivas. También habrán de informar sobre la participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas.

Lo que debemos preguntar es: si son organizaciones criminales, que cometen delitos comunes -no delitos políticos- y crímenes de lesa humanidad, y que atacan a la sociedad y a la fuerza pública, ¿por qué tienen que recibir beneficios, rebajas de pena, trato especial, suspensión de órdenes de captura? Que lo piensen los congresistas.