Una luz de esperanza, después de cuatro años de oscuridad y confusión -los hechos tuvieron lugar en 2014-, se abre para las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa -desaparecidos en Iguala, Estado de Guerrero-, en México. Por fin, un tribunal se hace consciente de la necesidad de buscar la verdad y de permitir que obre la justicia para uno de los peores crímenes cometidos en suelo americano.

Un tribunal federal del Estado de Tamaulipas ha decidido amparar a las familias y ha dispuesto este 4 de junio que se reabra la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, esta vez con la participación y la vigilancia de una Comisión de la Verdad y la Justicia, objetiva e imparcial, que establezca lo acontecido con estas personas sobre cuya pérdida de libertad y posible asesinato se han ocultado hechos, motivos y responsabilidades.

La corporación judicial ha sostenido que los indicios y afirmaciones acerca de que se torturó a los jóvenes como sospechosos de delitos, con la finalidad de arrancarles una confesión, hace que sea necesario conducir a una verdadera y objetiva investigación acerca de lo sucedido. La Comisión estará integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.  

Aunque hasta ahora comienza ese nuevo proceso y todavía sigue el misterio sobre el paradero y la suerte de las víctimas, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, este es un verdadero triunfo para las familias, quienes en estos años, a pesar del apoyo que les ha brindado la opinión pública nacional e internacional, han venido siendo engañadas y burladas por una administración de justicia y unas autoridades estatales que se mueven entre la ineptitud y la complicidad. 

Según el Comunicado del Tribunal, "Con relación a la investigación del 'Caso Ayotzinapa', se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General", la PGR, que en México cumple las funciones propias de la Fiscalía.

Según los indicios y denuncias hasta ahora conocidos, los normalistas fueron detenidos de modo violento y arbitrario por policías de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014m y habrían sido entregados a sicarios integrantes del crimen organizado, quienes a su vez los habrían asesinado e incinerado y arrojado sus cenizas a un río. Esta versión resulta muy extraña, y ha  sido cuestionada por investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hacemos votos porque ahora sí se llegue a la verdad y se haga justicia