Es indispensable que -sin necesidad de destruir, desconocer o incumplir lo acordado por el actual gobierno en desarrollo del proceso de paz-, se proyecten e introduzcan los correctivos que merecen varias normas dictadas en desarrollo del Acuerdo Final. Como todo se aprobó bajo el apremio y la presión del Ejecutivo, en virtud de un procedimiento acelerado (“Fast track”) y sin independencia del Congreso –porque el objetivo oficial, más que en la realidad y sostenibilidad de la paz, estaba puesto en la apariencia de éxito ante la comunidad internacional-, se provocó un caos normativo que ha conducido a la gran inseguridad jurídica hoy existente, particularmente en materia de justicia y en lo relativo a la necesaria satisfacción de los derechos de las víctimas y de muchos desmovilizados.
Asuntos como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los linderos de su competencia –que no puede ser omnímoda-, las reglas de juego claras acerca de los procedimientos y de los sujetos sometidos a ella, así como su aconsejable integración a la jurisdicción ordinaria, deben ser cuidadosamente examinados, con criterio jurídico coherente y debidamente informado.
Pero ese no es el único asunto –muy complejo- que debe enfrentar el nuevo jefe del Estado. El territorio está infestado de coca, y los erróneos y permisivos criterios judiciales acerca de la dosis personal han dejado libre el camino a los narcotraficantes para que sigan corrompiendo a la niñez y a la juventud.
Por otro lado, el Gobierno debe enfrentar la realidad en materia económica –que no es tan buena como nos dicen- y superar el engañoso sistema informativo oficial en materias como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, las cárceles y el orden público, que están lejos del paraíso descrito por el Gobierno.
Igualmente, nos deben decir la verdad acerca de las equívocas cifras gubernamentales en el campo laboral, pues –entre otras cosas- pretenden mostrar como halagüeña y real una tasa de disminución del desempleo real sobre conceptos formales o aparentes, como el denominado “empleo no remunerado”.
Muchas fueron las equivocaciones gubernamentales y legislativas en materia tributaria; la enorme carga que soportan las empresas, los profesionales independientes, la clase media y las familias, tiene que ser objeto de estudio, para proyectar unas reformas de trascendencia, que sean democráticas y razonables.
Al desear al gobierno entrante los mayores éxitos en su gestión, le aconsejamos que la emprenda con base en los valores y principios de la democracia, con enfoque realista, en beneficio de los más pobres y de las regiones abandonadas, Y, algo muy importante: dejando claro, como en un “libro blanco”, lo que recibe en los distintos campos –en especial, en materia social, presupuestal y económica-, con el fin de evitar que después lo inculpen de los daños ocasionados por políticas y decisiones que no son suyas.
