Como lo decíamos el 31 de julio en Medellín, ante el Centro Colombiano de Estudios Constitucionales que dirige el Dr. Sergio Estrada, el primer y más importante desafío para el nuevo gobierno, para el Congreso, para la Corte Constitucional, para la Academia, para los especialistas en Derecho Público, consiste en restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de 1991 y su necesaria estabilidad. El sistema jurídico no puede seguir en la interminable provisionalidad de sus normas fundamentales, ni en la constante e injustificada mutación de las reglas básicas.

Desde 1991 han sido introducidas 47 reformas constitucionales, algunas -muy pocas- justificadas y necesarias. La mayoría aprobadas por el malsano prurito de dejar huella -cualquiera que sea- en la Constitución o de alcanzar propósitos políticos inmediatos. Tal fue el caso de los actos legislativos 2 de 2004 y 2 de 2015, el primero que estableció la reelección del presidente de la República en ejercicio -con todos los daños institucionales que causó la figura- y el segundo, que la derogó por iniciativa del actual Jefe de Estado, desde luego no sin antes asegurar su propia reelección.

A propósito del desarrollo del Acuerdo Final de Paz, fueron sustituidas por el Congreso  las exigencias de orden formal que el Constituyente del 91 había plasmado para que el mismo Congreso pudiera reformar la Carta Política. Fue el denominado "Fast track" (procedimiento abreviado). Es decir, quien ejercía una competencia delimitada por la Constitución, cambió -por sí y ante sí- la Constitución y modificó los requisitos que se le imponían para ejercer su competencia. Algo insólito en el Derecho Público, que la Corte Constitucional dejó pasar sin mirarlo.

Y -de manera improvisada y sin análisis  ni coherencia se han producido nuevos y contradictorios preceptos de nivel constitucional  que, infortunadamente, han dado al traste con un cuerpo normativo fundamental que unifique y estructure las grandes directrices para la  organización del Estado y de la sociedad.

Y ya se están proponiendo nuevas reformas, en temas trascendeentales. Pero además, el pueblo ha sido convocado para el 26 de este mes, a una consulta popular, supuestamente contra la corrupción, que repite normas ya establecidas y que, en algunas materias requerirá nuevas modificaciones de la Constitución.

No somos partidarios de una Constitución irreformable, pero el país necesita una Constitución estable, que sea observada y cumplida, y que no siga siendo manoseada.