Vivimos en la época de la tecnología, la información y la comunicación. Las posibilidades que hoy brinda a todas las personas el sorprendente auge de los instrumentos desarrollados con fundamento en los avances tecnológicos son inmensas. Cada día hay nuevos elementos y nuevas modalidades de acción técnica  que facilitan el contacto inmediato entre las personas sin importar las distancias, haciendo del mundo esa aldea global de la que hablábamos los delegados de los países en Ginebra (Suiza), en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a finales de 1990. Era el comienzo de la telefonía celular y ya nos parecía que el teléfono portátil era en sí mismo un gran avance, sin sospechar siquiera hasta dónde llegaría su desarrollo.

Todo eso -no cabe duda- es muy bueno para la humanidad, pero, sin perjuicio de ser aprovechado para el logro de la natural tendencia del hombre a comunicarse con los demás -lo cual convierte a la comunicación en un derecho humano fundamental-, debe ser utilizado de manera razonable y sin distorsionar sus propósitos, ni desviarlos hacia finalidades que causan daño a las personas en concreto y a la  sociedad en general.

Es el caso de las ofensas, insultos, calumnias y amenazas que se han venido convirtiendo en pan de todos los días en las redes sociales -un maravilloso instrumento de comunicación y expresión-, y de las noticias falsas, los montajes y las desfiguraciones de la realidad, que inundan los sistemas digitales en todo el mundo y que generan efectos muy negativos.

Desde luego, en las redes debe existir libertad de expresión, y son un buen instrumento para ejercer el derecho a la información. No es pertinente buscar el establecimiento de mordazas o controles administrativos por su uso, pues la censura está prohibida en el artículo 20 de la Constitución.

Pero sí debe deducirse responsabilidad posterior, por la vía judicial, cuando se perpetren delitos como la calumnia, la instigación al delito, las amenazas de muerte o la organización, planeación y coordinación de actos terroristas, caso este último que debe caer en la mira de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

Los avances de la tecnología son buenos, pero deben ser utilizados para lo bueno, no para lo malo.