Se perdió la carta rogatoria dirigida a las autoridades norteamericanas sobre la solicitud de pruebas por parte de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, al parecer enviada sin el cuidado que exige una remisión de tanta importancia y por un sistema de correos  que ahora nada responde, pues inexplicablemente, en vez de llegar a los Estados Unidos, se extravió en Panamá.

No fueron usadas, como ha debido ocurrir, las vías diplomáticas. Al parecer, la Cancillería no consideró que el documento mereciera ese trámite. No se acudió ni siquiera a la Embajada de los Estados Unidos, que fácilmente podría haber hecho llegar la comunicación a su destino. Se dio a la carta rogatoria el trámite de cualquier papel sin importancia, a pesar de estar de por medio el trámite de una solicitud de extradición, la libertad y la suerte procesal de una persona y la aplicación de normas constitucionales relativas a la aplicación del proceso de paz.

Es algo totalmente increíble en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología y las comunicaciones. Los informes de Cristóbal Colón a la Reina Isabel, tras el descubrimiento de América, se demoraban pero  llegaban a España; las cartas de Simón Bolívar al General Santander en plena campaña libertadora, llegaban hace doscientos años en la Nueva Granada; las postas, los mensajeros, los correos durante las guerras en todos los tiempos y el correo de los zares funcionaban.  

Más allá de lo anecdótico, el Ministerio de Justicia debe revisar su  sistema de comunicaciones. Y lo propio debería hacer la Rama Judicial con las comunicaciones y notificaciones en los procesos judiciales. Siguen llegando -casi siempre tarde- los telegramas sobre el trámite de los procesos en juzgados y tribunales.

En el caso de Jesús Santrich, el proceso sigue estancado desde abril de 2018, cuando todo lo que debe decidir la JEP es la fecha en que pudo ser cometido el delito, antes o después de la firma del Acuerdo de Paz, para resolver si cabe o no la extradición.

Ahora la JEP debe prorrogar el término, a ver si alguna vez las autoridades norteamericanas reciben la carta rogatoria y la responden.