El mayor número de escaños en la Asamblea correspondió a los independientes y a las listas opositoras al actual gobierno. El presidente Piñera reconoció: “La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía" 

Entre tanto, en Colombia, con un alto grado de contagios y muertes por coronavirus y con un paro que se prolonga sin que haya siquiera un asomo de acuerdo entre el Gobierno -que aquí, aunque no lo reconoce, tampoco está sintonizado con los anhelos populares- y el Comité Nacional del Paro -que no representa a todos los sectores y personas que protestan-, algunos proponen como solución celebrar el trigésimo aniversario de la Constitución Política de 1991 sustituyéndola por otra.  

Mientras -no obstante la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal-, las declaraciones públicas de los llamados a negociar solamente muestran posiciones  inflexibles, siguen las convocatorias a  paro; continúan las manifestaciones -pacíficas en su inmensa mayoría-; no cesan las acciones de grupos violentos que apedrean e incendian edificios públicos;  se mantienen los bloqueos a las vías públicas, con gran perjuicio para la comunidad; persisten los excesos policiales;  aumenta a diario el número de muertos, heridos y desaparecidos; hay capturas a domicilio, sin orden judicial, ni formalidades legales, y civiles armados actúan sin control. Es decir, un panorama oscuro y cada vez más lejano de los ideales constitucionales. Todo indica que los hechos están desbordando la capacidad de control a cargo del Ejecutivo y resulta evidente un preocupante fenómeno de ingobernabilidad y falta de liderazgo. De fondo, avanza impasible el coronavirus, con más de quinientos muertos diarios, y un lento programa de vacunación. 

Desde luego, no creemos que la solución a esta lamentable situación se encuentre en el cambio de la Constitución vigente. Al contrario. La Constitución, aunque requiera ajustes -que se pueden tramitar y aprobar por cualquiera de los mecanismos que ella prevé- no debe ser sustituida. Tiene que ser cumplida, y en buena parte no lo ha sido.  

Pese a que la Constitución del 91 no es perfecta -ninguna obra humana puede serlo-, es un estatuto liberal, participativo, pluralista, que consagra un Estado Social de Derecho y garantiza el respeto a los derechos humanos.  Un ordenamiento que, pese a 55 reformas -la mayoría innecesarias y aprobadas por razones políticas de coyuntura-, conserva su esencia democrática.      

Si algo caracterizó el proceso jurídico-político de 1990-91 fue la capacidad de diálogo entre los distintos sectores -gobierno, partidos políticos, comunidades indígenas, trabajadores, estudiantes, organizaciones- para lograr consensos. Precisamente eso que tanta falta hace hoy y que el desconocimiento de los principios constitucionales y la falta de genuina voluntad de concertación no han permitido.

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