Ha sido evidente y público que las marchas de protesta -en ejercicio de un derecho básico, garantizado en la Constitución y en los Tratados Internacionales- han sido pacíficas en su gran mayoría, pero también es cierto que muchas de ellas han culminado con repudiables actos de grupos violentos cuyo origen no ha sido establecido, que han vandalizado, destruido y quemado bienes y edificios públicos, a lo cual se añade una prolongada obstrucción de vías, mediante bloqueos que no hacen parte del derecho a la protesta. 

Distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y partidos de oposición han venido denunciando homicidios -cuyo número no ha podido ser establecido- por excesos policiales y también por actuaciones de civiles armados que han disparado contra los manifestantes, una cantidad alta de desaparecidos, capturas sin orden judicial sin haber mediado situación de flagrancia, lesiones, torturas, jóvenes que han perdido sus ojos, abusos sexuales, entre otras conductas que no han sido investigadas.   

Por su parte, el Ministerio de Defensa y la Policía han expuesto que, además de los actos de violencia y de los bloqueos, varios de sus integrantes han sido heridos -algunos de gravedad-   durante los enfrentamientos. 

De los hechos han dado cuenta muchísimos videos, fotografías, testimonios y declaraciones de víctimas y sus allegados. 

No es poco el material que deberá examinar la delegación de la CIDH, para verificar su autenticidad y fidelidad, y deberá entrar en contacto con familiares de las víctimas, con sectores representativos de diferentes tendencias y con autoridades y organismos oficiales, así como con periodistas, mediadores y personal médico, algunos de los cuales afirman igualmente haber sido atacados u obstruida su labor. 

No hemos entendido, porque no han sido claras, las razones esgrimidas por el Gobierno para impedir o demorar la visita de los delegados de la CIDH. Ellos cumplen funciones de promoción, observancia, defensa y protección de los derechos humanos; de formación de conciencia al respecto, y de apoyo -mediante recomendaciones- a los gobiernos de los Estados miembros del Pacto de San José de Costa Rica, uno de los cuales es Colombia. Y si en verdad no hay nada que ocultar, al Gobierno y a la fuerza pública conviene que la visita se lleve a cabo. 

Además, hay claras obligaciones constitucionales de las autoridades en materia de Derechos Humanos. Necesitamos volver al imperio del Derecho y de la razón.