En este momento, cuando hay numerosas denuncias sobre excesos de la fuerza pública, capturas ilegales, armas en manos de civiles, un número indeterminado de muertos y desaparecidos, y a la vez, bloqueos indefinidos que también vulneran derechos y causan enorme daño a la economía y a la colectividad, lo que la Comisión pueda concluir y recomendar al Gobierno es muy importante. Y, en todo caso, vale la pena recordar: la garantía del respeto y la efectiva protección a los derechos esenciales de todas las personas, sin discriminaciones, son obligaciones del Estado y de las autoridades (artículos 1, 2, 5, 13, 93 de la Constitución, entre otros). Deberían ser verdaderas políticas de cualquier gobierno, y tan evidentes en la vida real que no se requiriera una verificación como esta, ni gran esfuerzo probatorio para demostrarlas, ni para probar que no hay violaciones de los derechos y las libertades. 

Anuncia el presidente de la República, con miras a la garantía de los Derechos Humanos: "Le he dado una instrucción al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional para que se expida un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional para fortalecer la política de defensa, protección y tutela de los Derechos Humanos". No se ha señalado el contenido de las posibles reformas -salvo el cambio de color en los uniformes, que serán azules-, pero caben algunas respetuosas observaciones: 

Un decreto -cuya expedición compete al presidente, no al ministro, aunque lo debe firmar con él (Art. 115 C.P.), ni al director de la Policía- no es el instrumento para reformar la estructura orgánica de dicha institución. El artículo 218 de la Constitución dispone: “La ley organizará el cuerpo de policía”. 

Por otra parte, más allá del color de los uniformes -que es lo de menos-, en lo que se debe pensar es en el fondo de los problemas y en las posibles soluciones y reformas, con toda precisión sobre lo que se quiere conjurar, y ojalá con participación de la comunidad y la academia.  

Desde luego, si ya el Gobierno habla de introducir reformas a la Policía a raíz de lo que viene ocurriendo, debe ser por considerar que hay irregularidades y entender que deben ser superadas. En ello estamos de acuerdo, pues se debe preservar y reivindicar a la Policía Nacional, que tantos servicios ha prestado al país en el pasado. Lo que hayan hecho algunos de sus miembros -que deben ser investigados y sancionados, como lo anuncia el presidente- no debe llevar al desprestigio de la institución. 

Por último, es increíble que, en medio de una crisis tan grave como la actual, el Gobierno y el Comité del Paro suspendan las negociaciones porque ni siquiera han podido coincidir acerca de algo tan elemental como saber si un documento firmado es un borrador o un acuerdo. Se requieren con urgencia soluciones oportunas y pacíficas.

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