El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, será ponente (por sorteo) de la demanda presentada contra la elección de mesa directiva del Senado que bloqueó la elección del senador Gustavo Bolívar como 2º vicepresidente.
Esa decisión amerita dos reflexiones:
1. Se ha puesto en tela de juicio reiteradamente el mecanismo de elección, por el Congreso en pleno, “mediante el sistema de cifra repartidora” (art.264 CP), de los nueve magistrados del CNE, porque hace que la composición de la sala plena tenga una representación políticamente milimétrica, pues, cada partido o movimiento con representación congresional va presentando sus candidatos que, generalmente, por acuerdo interpartidista, quedan elegidos. Así, todos sabemos que fulano pertenece al partido A; zutano al partido B, y, sucesivamente.
Pues, el magistrado Pérez, fue elegido con 44 votos de la oposición política que lo postulo, con el respaldo de los independientes, al inicio de la presente legislatura (2018-2022). Es decir, el magistrado que representa a la oposición en el CNE, será ponente de la demanda presentada por los grupos de oposición contra la composición de mesa directiva elegida en la sesión plenaria del Senado del 20 de julio pasado, acusada de violar el Estatuto de la Oposición al desconocer el derecho que tenía el postulado senador Bolívar de ocupar una de las 3 dignidades.
No tiene ninguna presentación --hay que admitirlo-- e indudablemente el magistrado ponente cae en conflicto de interés; pero así, todos, porque todos los magistrados, como se dice atrás, tienen cantada su militancia política desde su elección; y así, cuando intervienen como ponentes, o con sus votos, en los procesos electorales que abocan, favorecen o desfavorecen a copartidarios suyos, queriendo o sin querer.
2. Sobre la demanda contra la mesa directiva, no cabe ninguna duda de que se violó el Estatuto de la Oposición, al tenor del artículo 18 que no ofrece ninguna duda, ni a legos en la materia:
“Las organizaciones políticas declaradas en oposición … tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas de las Plenarias del Congreso … Los candidatos (de) la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. La organización política que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan.”.
El suceso político, de todos conocido, fue que la coalición de gobierno, y los independientes, se acordaron para vetar a Bolívar mediante el voto en blanco, y como son mayoría, el candidato de la oposición no obtuvo los votos suficientes para resultar elegido. Es decir, la marrulla, aparentemente, fue legal. Lo que seguía era presentar otro candidato de oposición. Pero, con excepción del Partido Verde, los demás se retiraron de la plenaria, los verdes aprovecharon para postular a su prosélito Iván Name, que resultó elegido. Pero, como el Estatuto prohíbe la repetición de partido en la mesa directiva, sin previo acuerdo unánime, la elección de Name, aunque sea senador de oposición, está viciada porque la verde, Angélica Lozano, había ocupado la segunda vice anteriormente.
Si todavía estamos en un Estado de derecho, el CNE tendría que declarar nula esa elección, por el bien de una jurisprudencia ya suficientemente maltrecha en los últimos años, y de un Estatuto de la Oposición que contiene insumos modernos de civilidad democrática, a pesar de la fobia que lo afecta por emanar del Acuerdo de Paz que, en su agonía, este gobierno persiste en hacer trizas.
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Fin de folio.- El vandalismo debiera ser perseguido sin excepción, tanto los infiltrados en la llamada Primera Línea, como entre las autoridades encargadas de garantizar la protesta pacífica y los derechos humanos.
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