A raíz del más reciente bombardeo donde se dio de baja al comandante del ELN, alias Fabián, pero también cayeron abatidos varios menores de edad, volvimos al debate sobre si los menores en manos de los grupos alzados en armas son “máquinas de guerra” o “escudos humanos”, como piensa el actual ministro de Defensa, y en consecuencia “se enfrenta un blanco legítimo”, como expresó el propio presidente Duque; o, por el contrario, se trata de niños, niñas y adolescentes de especial protección en todos los escenarios sociales, y en particular, dentro de conflictos armados, como prescribe la jurisprudencia nacional e internacional.

“Vuelve y juega”, dice el vulgo; y en ese círculo de tesis, antítesis y síntesis, el sujeto principal del debate – los menores—quedan subsumidos en un mar de culpas y disculpas que van y vienen en torno a ver si su muerte o mutilación, o su misma presencia en el lugar equivocado, es responsabilidad de los grupos armados que los recluta, o del Estado que los bombardea indiscriminadamente, sin el más mínimo principio de precaución. El ping pong entre los bandos enfrentados solo busca, quién lo duda, el deseo consciente de escapar o evitar la culpa y enfrentar, por tanto, la desagradable responsabilidad.

El desparpajo presidencial con el que Duque sostiene que los menores en un conflicto armado constituyen “blanco legítimo” es, mutatis mutandis, lo mismo que dijo ante la JEP el comandante guerrillero, Pastor Alape:

“… Sabemos que en algunos lugares del país (¿no en todos?), por fuera del marco de la normatividad que teníamos contemplada como organización, se vincularon menores de 15 años en las filas guerrilleras”.

Síntesis: en el caso de Duque, la muerte de los menores parece justificarse ante el éxito militar de haber dado de baja al temible alias, Fabián; y en el caso de Alape, el hecho de que no era norma contemplada en las Farc-Ep, parece justificar la afectación casual de sus derechos humanos. En medio de este insulso debate, el Estado, principal responsable social y jurídico, por donde se mire, parece ignorar, adrede, los derechos fundamentales, no digamos ya de los criminales –que no los pierden sea cual sea el delito— sino de todos los seres a su alrededor.

Es el caso, valga el paréntesis, de la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato a pesar de que estudios científicos evidencian daños en la salud y ni se diga al medio ambiente. Es el caso, otro ejemplo, del desalojo de invasores de predios sin contemplar una solución de continuidad y sin tener en cuenta que en los procedimientos dejan en la calle, a merced de lo más repugnante que encierra la sociedad degrada de las ‘ollas’ urbanas, niños, niñas y adolescentes. Es el caso, también, de los menores que al cierre de este comentario, se informa que fueron sorprendidos robando en un almacén y entregados a un grupo armado para que los matara: ¡dramático!

Grave cosa: la política de tierra arrasada, leitmotiv de los alzados en armas, parece también validada dentro de las Fuerzas Militares y de Policía, con especial énfasis en el Gobierno Duque. Y no solo en la confrontación armada en los campos; también en las ciudades, con la represión violenta de la protesta social.

El círculo infernal que envuelve al 99% de los jóvenes colombianos es un sinfín que se consuma en los ‘ninis’: ni estudian ni trabajan. No estudian porque no tienen recursos económicos y no tienen recursos económicos porque no trabajan.

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Fin de folio.- ¿Colombia tiene futuro? Claro que tiene futuro, pero en la forma en que el gobierno, y el país en general, maltrata a su juventud, ese futuro será cualquier cosa, menos decente.

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