Hoy hace exactamente 25 años, el 17 de febrero de 1992, el Presidente de la República César Gaviria Trujillo y los siete primeros magistrados instalaron solemnemente la Corte Constitucional de Colombia.
Hicieron parte de ella los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez -primer Presidente de la Corporación- y Jaime Sanín Greiffenstein. Cinco de ellos, los doctores Angarita, Martínez, Morón, Rodríguez y Sanín, ya no nos acompañan. Sus aportes fueron invaluables. Sobrevivimos los ex magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo.
La Corte tuvo a cargo la no fácil misión de hacer el tránsito entre la Constitución de 1886 y la de 1991; la de organizar todo el sistema de control de constitucionalidad en abstracto para ser en efecto la guardiana de la integridad y supremacía de la Carta; la de poner en vigencia el mecanismo judicial fundado en el ejercicio de la acción de tutela y hacer efectivos los derechos fundamentales; la de expedir su propio reglamento. Tuvo que fallar inclusive sobre las demandas entabladas por algunos reputados juristas contra la propia Constitución.
En estos 25 años la Corte Constitucional, en la mayoría de sus fallos -con muy contadas excepciones- ha velado por el imperio del Estatuto Fundamental del 91, con un sentido altamente democrático, participativo, pluralista, innovando en las modalidades de control constitucional, para cristalizar los valores y principios que inspiraron a los Constituyentes. Elaborando una jurisprudencia que ha merecido los elogios de juristas y politólogos de todo el mundo; construyendo un importante entramado de reglas y sub reglas para la confrontación de las normas sujetas a su examen con los postulados y mandatos de la Constitución. Dando sentido a los derechos y a los deberes plasmados en sus preceptos. Creando figuras de trascendental importancia como el estado de cosas inconstitucional. Desarrollando elementos como el bloque de constitucionalidad. Haciendo valer los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Delimitando los Estados de excepción. Buscando la eficacia de los frenos, contrapesos y controles sobre el ejercicio del poder que la propia Carta consagra y los postulados del Estado Social de Derecho. Sacando adelante, incluso frente a reformas constitucionales, el concepto de sustitución constitucional, con el objeto de preservar, ante el poder de reforma, la esencia de la Carta. Defendiendo la dignidad humana, los derechos de los trabajadores y los de sectores discriminados o marginados, los de los indígenas, las mujeres y los niños. Procurando la igualdad real y material. Incluyendo criterios de análisis y ponderación tan importantes como los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En fin, aunque algunos fallos merecen crítica - y aquí la hemos ejercido-, debemos decir que sin la Corte Constitucional la Constitución de 1991, sus postulados y principios, y el nuevo Derecho que en ella se funda, no habrían podido regir. Hacemos llegar un saludo especial a sus actuales magistrados.
