Toda la política social de cualquier país pasa por su sistema tributario. Es la fiscalidad la medida de toda justicia social, entendida en la definición más ajustada a la equidad: dar tratamiento desigual a desiguales.

El mundo entero trata este año 2022 de superar la debacle pandémica, y tiene claro ya, que el camino correcto es hacia un nuevo contrato social. Ya tiene, por ejemplo, un primer acuerdo: el impuesto global del 15% a las grandes empresas; es un pequeño paso –dicen—pero en la vía correcta.

En ese derrotero, la UE, como entidad regional, redirecciona su camino de retorno al desarrollo socioeconómico, mirándose en el espejo de Alemania, Holanda y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia). España, bajo el gobierno socialista de Pedro Sánchez, es el país líder dentro de ese nuevo contrato social. Vale la pena estudiar sus reformas sociales del último año; dentro de ellas, la laboral, con su propuesta de cogestión empresarial por parte de los trabajadores, una idea planteada por Piketty en su último libro, ‘Una breve historia de la desigualdad’ (recomendado).

Ubicados en Latinoamericana, su desarrollo socioeconómico ya se mostraba ralentizado, y en algunos aspectos retrotraído antes de la pandemia desatada en 2020. Es importante tener esto en cuenta porque refuta la idea de que la pandemia fue el destape de la caja de Pandora y no el modelo neoliberal. Por el contrario, fue el desmonte del Estado de Bienestar lo que atizó la debacle social de hoy, en cuya turbulencia, la riqueza aumentó sus réditos y la pobreza sus pérdidas.

Latinoamérica, a diferencia de la UE, ha perdido su unidad regional: la OEA, su principal órgano político, más parece una organización al servicio de los intereses propios de Washington que de los estados americanos. En este enfrentamiento contra el poderoso sector económico y financiero global, la región tiene cantada la derrota; a no ser que el giro a la izquierda, que se observa en países como México, Argentina, Bolivia, Perú y, últimamente Chile, sumados a Venezuela y Cuba, y tal vez, este mismo año, Colombia y Brasil, pueda darle un nuevo impulso a la regionalización destruida en la era neoliberal.

Colombia, en particular, cierra este año un ciclo político y económico simplemente para olvidar: la democracia es un paisaje; la clase media en vía de extinción, y la pobreza haciendo estragos humanos: niños y niñas muriendo de física hambre en las regiones más atrasadas.

Cualquiera que asuma las riendas del nuevo gobierno este año, va a recibir un país en bancarrota. Le tocará, sí o sí, arrancar con una reforma tributaria estructural, es decir, pisando cayos; aliviando aquí y cargando allá, según las capacidades de cada quien y las necesidades de cada cual.

La Corte Constitucional tuvo la oportunidad de adelantarse en este camino hace dos años. En 2019, una pléyade de académicos en diversas disciplinas, congregados en Dejusticia (una ONG prosocial) demandó el Estatuto Tributario por violar los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad (art. 363). Pero, sorpresivamente, la Corte se negó, una y otra vez, a admitir la demanda, dejando en manos del Congreso el asunto.

¡El Congreso colombiano!, qué desilusión: su gestión legislativa en el periodo 2018-2022 fue negada en lo social. Los congresistas, es un hecho evidente, solo representan el interés de clanes cleptómanos y a no más de cuatro mafiosos grupos económicos. Frente a reformas sociales, como la tributaria, seguirán la misma línea neoliberal: socializando pérdidas y privatizando utilidades.

Conclusión: en estas elecciones no es tan importante salir de Duque – que sí—como ganar mayorías progresistas en el Congreso. Un presidente sin Congreso será presa fácil del poder económico que luchará a muerte (ojalá no literalmente) por retener la fuente de su riqueza, usualmente mal habida.

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Fin de folio.- El perdido siempre cree que va bien; y cuando se da cuenta, no sabe en qué se equivocó.

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