Opinión: DESCOMPOSICIÓN. José Gregorio Hernández Galindo
A medida que se han ido conociendo detalles sobre los antecedentes y pormenores del horrendo crimen cometido en Florencia contra cuatro niños indefensos -cobardemente asesinados por sicarios expresamente contratados para el efecto-, ha ido creciendo la indignación de los colombianos. Hasta el punto de haberse propuesto por el General Palomino –director de la Policía- que se restablezca la pena de muerte para este tipo de delitos, en particular si se cometen contra los niños. Otros hablan de consagrar la cadena perpetua para los casos de secuestro, violencia carnal y homicidio cuando las víctimas sean menores de edad, como ya lo había proyectado inútilmente la desaparecida congresista Gilma Jiménez.
Con independencia del debate que se adelante al respecto, al que no le vemos mucho futuro porque sería muy difícil un apoyo del Gobierno y de las mayorías políticas cuando al mismo tiempo se propone el perdón y olvido en virtud del proceso de paz (inclusive para conductas muy similares), hay muchos otros elementos que se precisa poner sobre el tapete para discutir a fondo, en especial en lo que respecta a la política criminal del Estado y en lo que toca con la administración de justicia.
Se requiere revisar las perniciosas normas y providencias sobre beneficios, rebajas de penas, casa por cárcel y libertad para peligrosos criminales.
Por otra parte, es necesario reflexionar muy en serio sobre las causas próximas y remotas del incremento y de las perversas características que hoy presenta el fenómeno de la criminalidad en Colombia. ¿Qué le está pasando a una sociedad, que alberga en su seno a seres humanos capaces de planear y ejecutar una masacre como la del Caquetá, o como el menor sindicado de torturar, matar y desmembrar a un niño de seis años; o como la mujer que inyectó veneno a su hijo; o como el hombre que empaló y asesinó a una mujer en Bogotá, para citar apenas algunos ejemplos?
Lo cierto es que, de manera progresiva, la familia -ese núcleo esencial de la sociedad, en términos constitucionales- se ha ido desintegrando; la violencia intrafamiliar se ha generalizado; los padres ya no educan a sus hijos, sino que les dan pésimo ejemplo; los valores morales, religiosos y jurídicos se han perdido por completo en muchos sectores, y hay quienes se avergüenzan de haberlos profesado; no se inculcan los principios, ni se forja la personalidad de niños y adolescentes.
Hay mucho por replantear ante la grave descomposición de la sociedad.
Jose Gregorio Hernandez Galindo
Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y director de la publicación “Elementos de Juicio. Revista de Temas Constitucionales” y la emisora "lavozdelderecho.com".
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