Frase de la Semana: “Bonus atquefidus Iudex honestum praetulit utili”
El juez bueno y fiel antepone lo honesto a la utilidad personal.
El juez es la autoridad pública investida de la potestad jurisdiccional para aplicar la ley. En la época del Imperio Romano, el juez se tenía por soberano en su función, sus decisiones eran consideradas fuente de derecho y sus fallos –se daba por descontado- obedecían a la correcta interpretación de la noción de justicia.
En los tiempos actuales, igual que en el Imperio Romano, el derecho le asigna a los jueces, la función jurisdiccional. El derecho, en todos los países democráticos, parte de la premisa conforme a la cual, se presume que los jueces están investidos de gran dignidad para detentar dicho cargo. Se espera –aunque los hechos reales, en algunos casos, nos prueben lo contrario- que los jueces cumplen con un mínimo de condiciones que deben llenar, para representar el mandato a ellos conferido. Incluso algunos -unos más que otros- quedan investidos de un aura virtuosa, que se desprende de ellos, al ser elevados a la categoría de Magistrados.
¿Qué significa ser juez? Indudablemente es una persona investida de la potestad para juzgar. En el Juez, recae la responsabilidad de impartir justicia, que si nos atenemos a la definición de Ulpiano, se traduce en el nada despreciable ejercicio, de realizar “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”.
En el Juez se concentra la función de administrar justicia. Así las cosas, de las conductas y decisiones personales de un individuo de quien se desprende semejante autoridad, no se deben presentar, ni siquiera remotamente, dudas. La integridad y dignidad de un Juez, son sus más valiosas cartas de presentación ante la sociedad. La hoja de vida de un Juez, no debe tener sombra alguna y debe –por el contrario- reflejar un desempeño decoroso y sobrio en todas las actividades desempeñadas a lo largo de su vida. Tampoco debe existir la menor duda de integridad y dignidad en las hojas de vida de sus auxiliares o de los funcionarios elegidos por el Juez, para acompañarlo en el ejercicio de su cargo.
Un Juez, debe –por lo tanto- excederse en virtudes. La prudencia, la ética, la moral –entre muchas dignidades- deben acompañarlo en todos sus comportamientos, porque en él, está representada la potestad, de la justicia. Así las cosas, no es de poca importancia la función de un Juez. En su poder está la potestad de definir por ejemplo: la libertad de una persona, el reconocimiento de un derecho, la protección de un bien material o moral que le haya sido violado a un ciudadano, a una empresa o a un grupo de personas, etc.
De tal manera, que el nombramiento de Juez, no puede ser visto como un paso para obtener verbigracia una pensión, tal y como se ha denunciado en Colombia respecto de algunas personas que han sido nombradas, por unos meses, para obtener un aumento en dicha compensación; o para conquistar el seguimiento de los medios de comunicación o la posibilidad de acceder a cocteles y páginas sociales; y, mucho menos se puede llegar a la calidad de Juez, como medio para obtener de forma rápida, millonarios ingresos.
Con mucha razón, el jurista argentino, Valentín Alsina, ha dicho que “El juez no sólo debe satisfacer las conveniencias sociales, sino que tiene que controlar escrupulosamente sus actos en su vida pública y privada, porque lo que en otros puede calificarse de falta, en él debe considerarse indecoroso”.
Algunos afirman que sí un país, no tiene en la silla de la administración de justicia, jueces y magistrados de calidades intachables, está fallando en su estructura. ¿Cuál es el perfil de juez, que la sociedad a través de los órganos encargados de nombrarlos, está escogiendo? La función judicial debe estar al servicio de la verdad sustancial, pero si la única verdad que cuenta a la hora de fallar los procesos, es la que impone el juez o magistrado, que utiliza al cargo, para garantizar ingresos paralelos obtenidos de forma encubierta y asegurarse una vida alejada de la austeridad y la sobriedad propia de su dignidad o para beneficiar intereses particulares ¿qué se espera de la administración de justicia de ese país?
Los ciudadanos de Colombia, reclaman justicia oportuna, transparente, pública, imparcial, segura y sobre todo comprometida. Que todos aquellos que están sentados en la silla de la administración de justicia, llámense fiscales, jueces, magistrados o auxiliares de la justicia, entiendan la responsabilidad de la que están revestidas sus funciones y comprendan que una sola sombra de duda, sobre lo que debería ser su intachable hoja de vida, es suficiente para que agachen la cabeza con encogimiento y vergüenza. Ni siquiera la más leve desconfianza sobre sus conductas, debería rondar por sus despachos; es lo mínimo que millones de colombianos esperamos de nuestros jueces.
Los ciudadanos colombianos ante la corrupción judicial, estamos exigiendo que las personas que llegan a estos cargos -muy especialmente los magistrados de las altas cortes- no antepongan sus intereses personales y sus proyectos individuales por encima de la necesidad de protección de los derechos, que la sociedad busca, le sean resguardados.
Claramente respetamos que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, empero -la verdad- es que ningún juez y mucho menos un magistrado, debería estar argumentando a su favor esas garantías constitucionales, precisamente porque no corresponde a su alta dignidad, la presencia de una duda o desconfianza sobre ninguno de sus comportamientos, ni en su calidad de ciudadano ni mucho menos en su calidad de Juez.
De ahí que el ciudadano colombiano que por estos días, anda escuchando esas garantías como argumentos a favor de un alto magistrado de la Corte Constitucional, se perturbe al escuchar que su abogado las reivindica para su cliente, como si se tratara de un ciudadano común y corriente. Guardadas las proporciones, vaya y venga que el abogado del señor Víctor Maldonado –principal beneficiario del desfalco en el caso de Interbolsa- las invoque; pero qué bajo el pretexto de respetar la presunción de inocencia se quede administración justicia un Juez cuya hoja de vida genera desconfianza, nos deja derrotados frente a la administración de justicia y nos ofrece el peor de los mensajes, pues como podemos confiar los colombianos, en las garantías que el estado colombiano, está obligado constitucionalmente a brindarnos si los representantes de una de las ramas del poder público, adolecen presuntamente de transparencia y sobre sus hojas de vida recaen todo tipo de sombras oscuras, respecto de gravísimos delitos.
La imparcialidad del Juez, está definida por el Juez de la Corte Suprema de Israel, Aharon Barak, en los siguientes términos: “El Juez es neutral, alguien que juzga objetivamente el conflicto especifico que tiene ante sí. Necesariamente, esta función de la que el juez está dotado requiere la existencia de la independencia judicial como requisito previo. Debe apuntarse que la independencia judicial contiene dos requisitos esenciales: la independencia personal y la independencia institucional. La independencia personal, por su parte, implica la no dependencia de factor alguno externo al Juez. De este modo la decisión de un juez es fruto exclusivo de la concepción de los hechos relevantes y el Derecho, libre de cualquier influencia política externa… el juez con frecuencia decidirá, como deba, en contra del punto de vista de la mayoría en un asunto dado…la confianza pública en la judicatura implica confianza en la justicia, imparcialidad y neutralidad de la judicatura…se refiere a la confianza en la integridad moral del juez más que a su tendencia a concordar con la opinión pública en cada caso concreto…requiere la firma convicción ciudadana de que el juez no es, bajo ninguna circunstancia, parcial, siendo su única motivación la protección del imperio de la ley, no su propio poder o prestigio. El juez debe, por lo tanto, caracterizarse por su absoluta neutralidad con respecto a las partes y asuntos que tenga ante sí.
Cada Juez debe cumplir su vocación con integridad intelectual y humildad, junto con sentido social y comprensión histórica. Debe esforzarse en encontrar soluciones que reflejen un equilibrio de justicia e igualdad para todos. Así por encima de todo, debe luchar por llevar a su más completa expresión el valor básico que esencialmente predica toda ley y en que toda sociedad se basa, la justicia. El Juez debe hacer Justicia…dicho del Talmud de dos mil años de antigüedad referido a los jueces: “¿Piensas que te estoy concediendo el Poder? Es en realidad la esclavitud lo que te estoy imponiendo”."
¿Será posible que los colombianos toleremos, que un Juez, sobre cuyas conductas recaen tantas dudas, continúe administrando justicia y opinando sobre temas de interés constitucional? ¿Podemos consentir, que un Juez debilitado por todo tipo de suspicacias, relacionadas con su compromiso de juzgar con independencia y cercano –al menos en apariencia- con sus conductas, a la perversa intención de proteger sus intereses personales, por encima de los intereses de la sociedad, continúe a futuro, fallando procesos de los ciudadanos?
El debate no lo puede presentar el abogado del magistrado, con fundamento en la violación al debido proceso y al desconocimiento de la presunción de inocencia, derechos fundamentales que no se pueden ignorar ni desconocer y que sin duda tiene que defender con firmeza, todo colombiano. Claramente, no se trata de debatir si tiene o no esas garantías un Magistrado de la Corte Constitucional que sin duda, las tiene. La decepción de los colombianos es profunda y difícil de restablecer, porque sucede que el Magistrado sobre cuya hoja de vida recaen las dudas, no es cualquier colombiano. Se trata de un colombiano altamente privilegiado con una de las más altas dignidades, sobre cuyas conductas, recaen dudas y desconfianzas muy profundas, cuando debería estar –por el contrario- rodeado de toda la confianza y el apoyo de los ciudadanos.
No estamos ante un político escogido por el pueblo, nos encontramos ante el representante de la administración de justicia y sobre él, no debe recaer ni la más mínima falla de indelicadeza.
De ahí que la presión de la sociedad sobre el Juez que falte a su compromiso de independencia y transparencia, sea tan fuerte y contundente y no pueda ser interpretada como un matoneo, tal y como lo pretende hacer creer el magistrado y su abogado. Incluso, en Colombia, algunos han criticado que somos flexibles y tolerantes y que por muchas menos dudas y suspicacias, en los Estados Unidos, un Magistrado frente a una sola de las múltiples acusaciones que ha recibido el Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Pretelt, ya no estaría sentado en una de las sillas de la más alta corporación de justicia. A los colombianos no se nos puede obligar a ver a ningún Juez, Magistrado, Fiscal o Procurador, sobre el cual pesen todo tipo de dudas, sentado en las más dignas corporaciones, administrando justicia.
Clara Patricia Montoya Parra
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