La extradición de Darío Antonio Úsuga, alias "Otoniel", desató una terrible ola de violencia en algunas regiones de Colombia. El grupo armado denominado “El Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas”, lideradas según los informes de inteligencia por el sucesor de Otoniel, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “el chiquito malo”, junto con Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias “siopas”, están sembrando el terror entre la población civil, quemando vehículos en las vías y asesinando a quienes desobedecen la instrucción de cerrar sus negocios y no movilizarse, durante la declaratoria del paro armado.

Lástima que la justicia ideal no pueda darse en la realidad para que cada quien reciba lo que se merece, porque en la Tierra se suele premiar al violador y castigar al honrado.

En un estado social de derecho, como lo es el colombiano, los principios constitucionales de protección, igualdad, dignidad, libertad, justicia, como garantía a la convivencia y a la vida, trascienden, al medio ambiente, la conservación y protección de los recursos naturales. En reiteradas ocasiones, ha sido motivo de pronunciamiento de la Corte Constitucional que “Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos” (artículo 1° de la ley 1774 de 2016)

Todos tenemos derechos fundamentales prescritos en las constituciones de todo el mundo, hasta en aquellos países de gobiernos y partidos autocráticos, en tanto pertenezcan a la ONU, cuya Declaración Universal de Derechos Humanos, su base fundacional, les obliga. Pero –siempre hay un pero— del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el adagio; no todos podemos gozar de esos derechos, y es patético.