Este 4 de julio se cumplen treinta y tres años desde la fecha en que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el texto de la Constitución de 1991. No entró en vigor ese mismo día porque solo fue promulgada el 7 de julio, mediante su publicación en la Gaceta Constitucional, órgano oficial de la Asamblea.

La Corte Constitucional habrá de decidir -ante posibles demandas- sobre la constitucionalidad del trámite surtido en la Cámara de Representantes respecto a la reforma pensional, particularmente en lo atinente a la adopción de lo aprobado en el Senado de la República, en su integridad, en bloque y sin lugar a debate específico sobre el articulado del proyecto.

Una grave denuncia ha sido formulada por el actual magistrado y vicepresidente de la Corte Constitucional, doctor Jorge Enrique Ibáñez, quien declara que, tanto él como integrantes de su familia y equipo de trabajo, vienen siendo afectados por la ilícita interceptación de sus comunicaciones y por seguimientos. Como debe ser -de manera oficial y sin acudir al show mediático-, el doctor Ibáñez se ha dirigido a la corporación a la que pertenece y a la autoridad competente -la Fiscalía General de la Nación-, para poner en su conocimiento los hechos y para solicitar la pertinente investigación y la salvaguarda de sus derechos.

El presidente argentino Javier Milei -de extrema derecha- no se ha cansado de repetir en todas partes que la justicia social es “una aberración”. Dice que, según esa figura, “donde hay una necesidad nace un derecho”, lo que, en su criterio, resulta "absurdo" porque las necesidades son infinitas y los recursos finitos. Es decir, proclama que la sociedad y el Estado no tienen por qué atender, proteger, apoyar ni aportar a personas pobres, necesitadas o marginadas, carentes de recursos.