La acción de tutela, uno de los más importantes instrumentos judiciales plasmados en la Constitución de 1991, con miras a la efectiva e inmediata defensa de los derechos fundamentales cuando están vulnerados o amenazados por acción u omisión de autoridades públicas o por particulares, debe ser ejercida con ese exclusivo objeto, no con propósitos políticos o para eludir procesos, decisiones de la justicia ordinaria o trámites administrativos.

El conocimiento de la Constitución es fundamental para la preservación de la democracia y del Estado Social de Derecho. No es algo que se nos exija únicamente a los abogados. Corresponde a todos, sea cualquiera su profesión o actividad.