Uno de los elementos básicos de cualquier organización democrática radica en el respeto y la salvaguarda de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de investigación, información y divulgación en cabeza de los periodistas y medios de comunicación, y en el correlativo derecho de la ciudadanía a recibir información veraz e imparcial. Cualquier forma de censura, de mordaza, de obstrucción o de sanción de esas libertades, es -de suyo- antidemocrática, ofensiva para la sociedad, contraria a los derechos esenciales y enemiga del interés colectivo. 

Ha sido fácil para mí en muchas ocasiones, tomar un hecho de actualidad, o una falla en la prestación del servicio de cualquier entidad pública o privada, para alimentar las ideas de mi mente y obtener escritos que son publicados en diferentes medios de comunicación. Esto lo hago para expresarme ante la sociedad, generando opiniones a favor o en contra de un tema en específico, en el que soy crítico de la corrupción, de la burocracia, de las malas decisiones de las administraciones y exijo justicia, igualdad, defiendo los derechos colectivos y exhorto al cabal cumplimento de la constitución.

El International Crisis Group, recomienda hacerle seguimiento a 10 conflictos: Ucrania, Azerbaiyán, Irán, Yemen, Etiopía, República Democrática del Congo, el Sahel, Pakistán y Taiwán. El único país de Latinoamérica y el Caribe en esa lista es Haití, ubicado como octavo. Colombia solamente es mencionado en su relación fronteriza con Venezuela. Tampoco se mencionan Perú, ni Chile, ni Bolivia. Quienes empuñaron las armas legales y legítimas del Estado en contra de las farc, el eln, el m-19 y el epl, se deben sentir frustrados.

Acudió a mi oficina un ciudadano del común, quien, sin ser constitucionalista ni abogado, estimó que una norma legal que debe cumplir viola, en su criterio, la Constitución. Presentó por escrito una demanda contra la norma, acogiéndose a la acción pública de inconstitucionalidad -garantizada desde el Acto Legislativo 3 de 1910-, creyendo que para ello era suficiente ser ciudadano -como lo dice la Carta y lo han reiterado, antes la Corte Suprema de Justicia y después la Corte Constitucional, en numerosos fallos-.