Algunos hechos recientes nos llevan a concluir, con gran pesar y preocupación, que la democracia no tiene segura su vigencia en ningún país del mundo; que los ataques contra sus instituciones y contra el Derecho en ellas inspirado no han desaparecido, y que las asechanzas -ocultas o públicas- de sus enemigos continúan. Los demócratas tenemos la obligación de seguir en el empeño de corregir sus fallas y equivocaciones, con el objeto de resguardar el que Winston Churchill catalogara como el menos malo de los sistemas de gobierno.  

El tipo de complicidad correlativa, en el cual concurrían varios sujetos a la ejecución del hecho punible imposibilitando individualizar la responsabilidad, se resolvía castigándolos a todos por igual aplicando el mínimo de la pena. Estamos seguros de que reinstaurar este grado de atribución de responsabilidad sería de recibo entre algunos en la fuerza pública, quienes no dudarían en aplicarlo a civiles y en particular a jóvenes manifestantes.

Los derechos a la honra y al buen nombre son derechos fundamentales de primer orden, consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución.  

Según lo previsto en el artículo 134 de la Constitución peruana de 1993, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, aunque solamente puede hacerlo si el Congreso ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. La norma advierte que no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario, e inclusive dice que, bajo Estado de Sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Señala la Constitución que, en tal caso, el Congreso “se reúne de pleno derecho”.