Opinion (2310)
John Marulanda
ABOGADO. Consultor Internacional en Seguridad y Defensa.
ACORE. La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, Acore, reeligió a su actual presidente, general (r) Ruiz Barrera y a su junta directiva, o ¿Estado Mayor?
En servicio activo, todos los militares miran con cierta curiosidad, desdén algunos, pero siempre con respeto y cortesía a los "retirados". Nunca se imaginan, mientras lidian con los problemas del mando y las complejidades de la guerra maluca del país, que algún día pasarán a integrar esa organización que reúne la reserva activa del país.
La realidad es que esta asociación de militares en civil tiene un potencial político incalculable. John K. Galbraith en su ensayo "Cómo controlar a los militares " (Doubleday, 1969) explica por qué las estructuras militares son superiores a las agrupaciones políticas: objetivos claros, jerarquías sólidas, disciplina severa, tradición, lazos de sangre y, por supuesto, empleo técnico de la fuerza, de las armas. Claro que la disidencia, la oposición y el debate son, con todo, características de un sano ejercicio político. Actúa la Acore, entonces, como le corresponde: con prudencia política, sin vocación de poder y buscando el bienestar de sus asociados. La dispersión en sus bases, filas, debiera decir, es propia de hombres quienes tras muchos años de ser tratados como ciudadanos de segunda, recobran su ciudadanía plena y su libertad de acción, lo cual es entendible, aunque irresponsable en los momentos trascendentales que se están viviendo en el país y en la región.
Con los bárbaros próximos a instalarse en el Congreso ostentando la impunidad de un Estado contemporizador y con vecinos armados, en crisis y vociferantes, nuestros veteranos de la Acore deben reposicionarse más allá del simple anecdotismo. La actividad mediática del reelegido presidente, los comunicados denunciando la aviesa actitud de algunos fiscales y jueces en contra de nuestros soldados, los pronunciamientos sobre la trama de La Habana, no pueden pasar como una simple curiosidad. Urge reagrupar los cuadros, traer a la cohorte las otras organizaciones de retirados militares, respetando su palmarés y hacer lo que los militares hacen mejor: un plan de campaña para el postconflicto. Más del 90 % de los ciudadanos colombianos apoyamos a nuestros militares. No nos gustan haciendo leyes ni gobernando: mírese si no los resultados electorales recientes. Pero sí los queremos apoyando a los que están combatiendo a los narcoterroristas de las farc y eln y protegiendo a los ciudadanos inermes frente a los matones creadores de supuestas nuevas patrias sin papel. Un formidable frente de defensa de la democracia decente en Colombia, sería la Acore. Lástima que los sentimientos y no la razón, sean los que predominen en la organización, ante el pláceme de muchos que insisten en ver a la Acore como "los retirados" simplemente.
La Acore es Reserva Moral de Colombia y su recién reelegido presidente tiene un reto histórico en el que se juega el futuro del país.
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Opinion
John Marulanda
ABOGADO. Consultor Internacional en Seguridad y Defensa.
En la crónica del trasiego de cocaína, se habló de la “colombianización” de México y ahora se habla de la “mexicanización” de Argentina. De Medellín a Ciudad Juárez y de ahí a Rosario. ¿Cuál es la dinámica geocomercial de este negocio que a los estadounidenses les deja momentos de placer y dinero lavado por grandes bancos y a los latinoamericanos, algunos millones de pesos, una corrupción demoledora y muchos muertos?
La comparación entre Colombia y México pasa frecuentemente por alto algunas diferencia estructurales que pueden poner en perspectiva un más amplio análisis de la problemática y de sus posibles paliativos, que no soluciones, para el caso argentino.
Empecemos por la diferencia tecnológico-cultural. Cuando en los 80 floreció el narcotráfico de la mano de Pablo Escobar y otros, ¡no existían ni el celular ni Twitter! Cualquier odio o simpatía hacia los capos era resultado de sus acciones directas y de los medios que difundían sus barbaridades y excentricidades. Hoy, los carteles mexicanos tienen páginas web en donde publican sus anuncios, su música y sus desafueros. Hay, además, toda una cultura de novelas, telenovelas, películas, crónicas, artículos, léxico y hasta arquitectura, que forman parte del show business narcofarandulero. Los estudios serios quedan restringidos a cenáculos académicos. ¿Están los medios y las redes sociales jugando ese mismo papel en Argentina? ¿O se están utilizando estos recursos para la información y educación acerca del problema?
Esto nos lleva a la diferencia en la percepción pública. En Colombia, la reducción de los hechos violentos masivos, como los carros bomba y notorios como los magnicidios, ayudó y ayuda a vender la idea del triunfo en la guerra contra el narcotráfico aunque el país siga siendo el primer productor mundial de cocaína y las FARC sean el segundo cartel mundial de la especialidad.
En México la mayoría de los ciudadanos opinan que los carteles van ganando a pesar de la estrategia gubernamental de minimizar la titularidad informativa, reservada solo para la neutralización de míticos capos como El Chapo y El Chayo.
La represión sigue primando sobre cualquier campaña educativa masiva frente a una cultura “narco” abonada tanto en Colombia, como en México y por supuesto en Argentina por pobreza, juventud desempleada, anhelo de enriquecimiento rápido, impunidad e incredibilidad en la clase política.
La aculturación del narcotráfico continuará imparable en Argentina mientras el negocio sea rampante. Entretanto llega la legalización, la reducción de la violencia colateral al negocio podrá generar una falsa percepción de control, como sucede en Colombia, o como en Sinaloa en donde el 44% los habitantes dijeron que el narcotráfico traería beneficios si no generara violencia.
Importan también la extensión territorial, las áreas geográficas específicas afectadas, la densidad poblacional y la masa crítica. En Colombia, con unos 47 millones de habitantes, las masacres se han instalado en el amargor cotidiano. En México, 70 o más cadáveres en una fosa común en Tamaulipas, es una noticia dolorosa pero rápidamente asimilable por una población de 119 millones de pobladores. En Argentina, con unos 44 millones de almas, aun los asesinatos selectivos del conurbano son referente magnificado cuando se habla de seguridad ciudadana. ¿Se acostumbrarán los argentinos a la violencia del crimen transnacional, muy poca en comparación con Colombia y México? ¿Se utilizará esta violencia para distraer la atención de otras urgencias nacionales más graves?
La diferencia espacial
Colombia está geográficamente lejos de Estados Unidos, el principal cliente del negocio. Esto obliga a un pensamiento logístico de múltiples actores, variados recursos y problemas complejos. Para México, los estorbos se centran finalmente en el cruce de las fronteras estadinenses. Esto, por supuesto, focaliza los esfuerzos y explica en gran medida porqué los carteles mexicanos se sobrepusieron a los colombianos.
EEUU, como es usual, lanzó su guerra contra el narcotráfico en Colombia y en la región andina, achacando a la producción de materia prima el origen del embrollo. Ahora que la tal guerra se está desarrollando al otro lado del rio Bravo, la principal preocupación de los gringos es que la violencia mexicana se extienda a su territorio, aunque de hecho, los carteles aztecas están presentes en más de 200 de sus ciudades. Argentina, más lejana de Estados Unidos que Colombia, es el tercer puerto de exportación de la sustancia después de Colombia y Brasil y ahora ya no solo es país de paso sino, según algunos voceros, de procesamiento o cocina del material que nos ocupa. En sus fronteras con Bolivia- productor encumbrado- Paraguay, Uruguay – con marihuana legalizada- y Brasil -segundo consumidor de cocaína en el continente- los flujos y rutas de la mercancía tienen pautas identificadas. Contención seria entonces la estrategia básica. Contención de la amenaza que les llega de los países productores.
La diferencia política
En Colombia el negocio rápidamente adquirió cariz político de mano de sus capos, las FARC y las organizaciones armadas de extrema derecha. En México, a pesar de que la señora Hillary Clinton habló de narco-insurgencia, comparándola erróneamente con Colombia, los 14 grupos guerrilleros registrados en el Centro de Investigaciones Históricas de Movimientos Armados, no se han vinculado con el narcotráfico y las autodefensa de Michoacán que combaten a Los Caballeros Templarios. Argentina no presenta esta complicación y la reluctancia a empeñar las fuerzas militares en la lucha contra el flagelo, además de inconstitucional, tiene sentido, por ahora. El cariz político en el asunto también podría verse desde la apatía argentina al involucramiento de EEUU en la cuestión.
En Ecuador, el insufrible Rafael Correa echó a los militares norteamericanos de la base de Manta en el Pacifico y no ha podido llenar el hueco resultante. Ahora el crimen organizado es la primera amenaza contra la seguridad de SU estado. El folclórico Evo Morales expulsó a la DEA y ahora la FECLN escasamente alcanza a lidiar con una producción que detonó. En Venezuela, mientras los chavistas repiten la monodia de una amenazante invasión de marines, el oriente del país se convirtió en una de las principales plataformas aéreas para los narco vuelos. Paralelamente, la corrupción y su efecto en la desinstitucionalización de los Estados latinoamericanos, es crítica en este proceso.
Mi apreciación es que gobierno argentino no parece considerar el fenómeno como de seguridad nacional, los muertos son comparativamente pocos, y parece estar más preocupado por no convertirse en otra Venezuela, como lo anunció hace poco el The New York Times. En este punto, hay que tener en cuenta que los dineros del narcotráfico afectan positivamente los PIB de los Estados de la región gracias al lavado de activos cada día más refinado y diligente en el cono sur. Un detalle: menos de cinco personas han sido condenadas por lavado de dinero en Argentina en la última década.
De toda esta dinámica, Argentina puede adquirir experiencia para cuando la marihuana esté legalizada y Mr. Justin Hartfield sea el rey de esa industria y la cocaína sea de bajo perfil. Y junto con Brasil, sean los principales productores de drogas sintéticas: únicamente en la provincia de Buenos Aires, los decomisos de éxtasis aumentaron un 3,000% entre el 2011 y el 2013.
En conclusión, si es que se puede concluir algo de esta complejidad, aunque el mal es el mismo -ilegalidad, ganancia, corrupción, violencia- los Estados, los organismos receptores que lo desarrollan son diferentes. Unificar el tratamiento es el remedio simple norteamericano que no ha dado resultado hasta ahora. Identificar cada terapia, con referencias colaterales pragmáticas validas, es lo adecuado. En América latina no existe un solo patrón para el exitoso negocio multinacional de la cocaína.
El baile del narcotráfico sigue redivivo pero algo va de los sones vallenatos colombianos, a los corridos mexicanos y al tango. Y algo va de Jesús Malverde, patrón de los narcos “cuates”, a la Virgen de La Gruta, protectora de los “traquetos” colombianos y a Víctor Manuel “El Frente” Vital, o el “Gauchito Gil” o “San La Muerte".
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Director de http://www.lavozdelderecho.
Se abre paso en nuestros países una práctica nefasta para el sistema democrático, que con cualquier pretexto, ciudadanos elegidos popularmente sean despojados de sus derechos políticos por decisión de funcionarios administrativos y sin haber sido condenados penalmente. El caso de María Corina Machado en Venezuela, es la última muestra de esta peligrosa tendencia. Ha sido destituida de su cargo como diputada de la Asamblea Nacional para el cual había sido elegida por el pueblo por la determinación, sin fórmula de juicio, adoptada por el Presidente de la misma Asamblea. Éste anuncio además que puede ser inmediatamente detenida porque ha perdido también la inmunidad que le garantiza la Constitución y el funcionario invoca la Constitución, cuando palmariamente la está violando. Se frustra de esa manera arbitraria la decisión del pueblo y todavía decimos los profesores de teoría del estado que la democracia es el gobierno del pueblo, cuando en la práctica, amparándose en una constitución democrática, quienes tienen en sus manos el poder efectivo dejan sin efecto las decisiones populares. Por eso la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica- establece en su artículo 23 que en cuanto a los elegidos popularmente, la Ley no podrá establecer privación de sus derechos políticos sino por delitos y por determinación de autoridades judiciales. Pero si María Corina llegara a obtener medidas cautelares, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo probable es que Nicolás Maduro, siguiendo el ejemplo de Juan Manuel Santos, las desacate.
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Consejo de Estado y Medio Ambiente.
31 Mar 2014
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Escrito por
Jose Gregorio Hernandez Galindo
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Director de http://www.lavozdelderecho.
El medio ambiente sano es hoy elemento de primer orden como verdadero derecho garantizado en la Constitución y en los tratados internacionales, como que los atentados contra él son atentados contra el género humano, y simultáneamente su sostenimiento y defensa son funciones básicas de la organización estatal.
La Constitución declara, en efecto, que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Numerosas sentencias de la Corte Constitucional, desde 1992 hasta hoy, han insistido en que el Estado no puede dejar de intervenir para asegurar la preservación del ambiente. De lo cual resulta que, con mayor razón, el Estado tiene prohibido por la Constitución llevar a cabo, él mismo, actividades que dañen o perturben el ambiente, o que amenacen causar o causen daño a la flora o a la fauna.
Muy oportuna y acertada en ese sentido la sentencia dictada por el Consejo de Estado que al anular normas en contrario, ordenó al Ejecutivo abstenerse de continuar la aspersión aérea o fumigación con glifosato, en particular en los parques nacionales naturales, en cuanto ello implica un riesgo potencial para la conservación del medio ambiente.
La lucha contra los cultivos ilícitos se puede adelantar de otras formas, sin perturbar ni amenazar el ambiente. Un fallo muy importante.
Haga click acá para ver el Comunicado de Prensa del Consejo de Estado sobre el Río Bogotá.
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