La libertad de expresión es un derecho fundamental de todos que, en los medios de comunicación, se mide no solo por lo que se publica sino por lo que no se publica (libertad negativa), por considerarse necio o falso.

Si bien es legítimo -y la sociedad lo reclama- que el Gobierno, encabezado por el Presidente de la República -a quien la Constitución (art. 189) confía, como comandante supremo de las fuerzas armadas, la función de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado- dirija las acciones indispensables contra organizaciones terroristas, guerrilleras, paramilitares, narcotraficantes y delictivas comunes, no lo puede hacer de cualquier manera, sino dentro de los marcos propios de la legalidad y el respeto a las normas que integran el bloque de constitucionalidad. 

Una vez más resulta necesario insistir en que las libertad y los derechos -esenciales en nuestra democracia, y por cuya preservación debemos seguir luchando- no son absolutos, justamente por eso -porque merecen respeto y protección- y porque no son de algunas personas sino de todas. Que, si fueran absolutos, no tendrían límites, ni restricciones, y cada uno, al pretender el ejercicio de sus propias libertades o derechos sin medida, se entendería autorizado para atropellar, anular o someter a su voluntad los derechos de los demás, lo cual -multiplicado en el interior de las comunidades- no generaría nada distinto del más incontrolable caos, en vez del orden mínimo requerido para hacer posible la convivencia entre los seres humanos.  

“Todo lo sólido se desvanece en el aire”: Shakespeare. Los expresidentes colombianos, principales protagonistas de la política, queman sus últimos cartuchos (ojalá) en la contienda política de este 2022. Los más chamuscados: Uribe y Gaviria.