La Corte Constitucional no ha adoptado decisión en torno a los beneficios de carácter penal  que podrían cobijar a los desmovilizados de las Farc en virtud del proceso de paz. Pero sin embargo todos conocemos el contenido de la ponencia correspondiente -teóricamente reservada,  según las leyes y el reglamento de la Corte- , gracias a la filtración que de ella se hizo a los medios de comunicación.

 

El Consejo de Estado no ha proferido sentencia acerca de la validez o nulidad del Decreto por medio del cual el Presidente de la República convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para resolver sobre las objeciones por él formuladas contra el proyecto de Acto Legislativo de reforma a la administración de justicia. Pero ya, pese a la reserva, se conoce públicamente, hasta en sus más mínimos detalles, la ponencia de la Magistrada María Claudia Rojas.

 

La Sección Quinta del Consejo de Estado tenía a su conocimiento dos demandas contra el acto de reelección del actual Procurador General. No había sentencia, pero en los medios apareció publicado el proyecto de fallo elaborado por el Magistrado Alberto Yepes, y además se supo cómo iban a votar los consejeros y conjueces de la Sección en torno a la ponencia. Se agitó el debate en los mismos medios, y lo que ha debido ser materia de controversia interna, estrictamente jurídica, sobre los asuntos planteados por los demandantes  se convirtió en contienda política nacional, entre amigos y enemigos del Procurador –con notorio desvío al terreno personal-; vinieron las presiones en uno y otro sentido, y la Sala Plena del Consejo de Estado, que había dictaminado inicialmente que el caso debería ser resuelto en la Sección, decidió asumir su conocimiento. Ya especulan los medios sobre “cómo están las fuerzas a favor y en contra”, no de la posición jurídica de la ponencia sino de la persona del Procurador; hubo hasta manifestaciones de sus partidarios, y el asunto, que ha debido tramitarse con la serenidad propia del debate entre los magistrados  sobre argumentos jurídicos, se ha convertido en espectáculo “para alquilar balcón”, como dicen los periodistas, cual si se tratara de un partido de fútbol o de una pelea de lucha libre, máscara contra máscara y con buses a todos los barrios.

 

Estos son apenas algunos ejemplos de lo que viene ocurriendo, con unas consecuencias negativas para la Rama Judicial y su ya decaído prestigio.

 

 Los culpables no son los medios. Son los funcionarios y empleados de las altas corporaciones judiciales, quienes, vulnerando la ley y sus propios reglamentos, filtran los proyectos de decisiones antes de aprobados y  con ello politizan la actividad judicial. ¿En qué irán las investigaciones internas?