Un suceso reciente que no puede pasar desapercibido y que, por el contrario, debe ser objeto de la especial atención de las autoridades competentes, es el relacionado con el envenenamiento de varios soldados en Arauca.
El hecho es preocupante, no solamente por haber causado la muerte de uno de los uniformados y la intoxicación de otros nueve, sino por el malévolo antecedente que podría significar una nueva forma -ventajosa y cobarde- de ataque a los miembros de la Fuerza Pública.
Como lo informaron los medios, una persona –supuestamente, un campesino- entregó carne a soldados de la Fuerza de Tarea Quirón, en la vereda Botalón, cerca de Tame.
La carne causó graves daños a la salud de quienes la consumieron, motivo por el cual una muestra fue llevada a Medicina Legal para su examen. Terminado el análisis, el director del Instituto –que está cumpliendo cien años-, doctor Carlos Eduardo Valdés, informó que el alimento estaba envenenado. Los científicos encontraron en la carne rastros de un pesticida que se usa para acabar con plagas en los cultivos y que, fácilmente absorbido por el cuerpo humano, genera contracción de los músculos, intensos dolores y puede causar un paro cardiaco.
Los miembros del Ejército fueron asaltados en su buena fe. La investigación –que ojalá se adelante con prontitud y en profundidad- deberá establecer si se trató de un lamentable error del campesino –algo muy improbable-, o si –como muchos intuyen- el individuo sabía que la carne estaba contaminada. En tal caso, nos encontramos ante un crimen de la mayor gravedad, pues el hombre se habría aprovechado de la confianza que despiertan los campesinos entre los soldados y los habría engañado con un alimento en apariencia inofensivo –ya que el pesticida, según medicina legal, no tiene un olor que delate su presencia- pero en realidad mortal.
Se precisa establecer quién o quiénes están detrás de este acontecimiento. Si las responsables fueron las Farc, es un pésimo mensaje de esta organización guerrillera –sumado a los ataques de los últimos días contra la población civil- en contra del proceso de paz.
Desde el punto de vista jurídico, la circunstancia de haberse dirigido contra miembros de la Fuerza Pública en medio del conflicto armado no convierte el hecho en ataque válido o en arma aceptable contra el enemigo, a la luz del DIH. Como lo ha expresado el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, si bien la confrontación es entre combatientes, existen unas reglas fijadas en el marco del Derecho Internacional Humanitario a la luz de los Convenios y Protocolos de Ginebra suscritos en esta materia.
La Fiscalía General tiene la palabra.
