El Estado Colombiano se autoproclama como un Estado Social de Derecho (artículo primero de la Constitución Política Colombiana de 1991), lo que se traduce en que las ideas de dos corrientes inicialmente contrarias, liberalismo y socialismo, convergen en un punto “intermedio” que conocemos como el estado socialdemócrata; que hace sinergia con el postulado de esta dupla, en cuanto se caracteriza por el reconocimiento de la democracia, de los derechos individuales y colectivos, la idea de la propiedad privada con una función social y el sometimiento del estado al derecho.

Esta concertación se puede valorar a su vez como el paso siguiente o la evolución del estado de derecho al que se le adicionó el calificativo de social, y, por ende, le rige la norma, pero no puede desconocer en su aplicación los factores humanos como la dignidad y los derechos humanos desde la óptica dinámica del individualismo y la colectividad, por lo que se adicionan los derechos e intereses colectivos como el medio ambiente o la salubridad pública.

Lo anterior va de la mano con el fortalecimiento histórico de la capacidad del Estado para encontrar soluciones producto de la negociación y la adecuación a las circunstancias claves, y no solo del imperio de la ley, dando paso a la intervención material del pueblo en casos de interés social como lo disponen los mecanismos de participación ciudadana, la Constitución y el bloque de constitucionalidad, y que hoy se manifiestan notoriamente gracias a la masiva movilización producto del Paro Nacional, en una muestra clara del reconocimiento de la soberanía del pueblo.

El Paro Nacional no obedece al interés de un solo grupo social o un gremio, ni mucho menos a un personaje político es especial, sino a la unión de diferentes inconformidades de la ciudadanía respecto al cumplimiento de las funciones del Estado como garante de los derechos humanos y del bienestar general; lo cual está reflejado en el pliego entregado al Gobierno que está compuesto por 18 puntos:

1. Acuerdos de Paz.

2. Corrupción.

3. Desmonte del ESMAD.

4. Estudiantes.

5. Reformas tributarias.

6. Salud.

7. Líderes sociales.

8. Desigualdad de género.

9. Sistema pensional.

10. Protección de especies.

11. Deforestación.

12. Explotación minera.

13. Contaminación.

14. Presupuesto.

15. Proyecto de Ley 212.

16. Campesinos.

17. Restitución de tierras.

18. Reorganización.

Como podemos ver, ninguno de los puntos está fuera de la órbita del deber de cuidado del Estado, y tienen en común la deuda histórica – unos más que otros – gracias a la omisión de atención o la determinada acción lesiva por parte de los gobiernos colombianos, y que han sido agravados por el actual.

Ahora, lo que se debe entrar a ver con mayor detalle es la exigencia de cada punto y su viabilidad a corto plazo, pues su mayoría implican reformas normativas en el grueso de la legislación colombiana e inclusive en la misma Constitución Política; que aclaro, no debe verse como el llamamiento a una constituyente, sino como una demanda del cumplimiento de la Carta, y el estudio de una vía exprés para la aprobación de las modificaciones a leyes y decretos que incluyen los derechos fundamentales.

Habiendo expuesto el contexto de la reclamación legítima del cumplimiento de los deberes del Estado Social de Derecho, es notoria la necesidad de la respuesta seria y de fondo por parte del Gobierno, en cabeza del Presidente Iván Duque, que no solo deberá reconocer la soberanía del pueblo para esta demanda, sino que tendrá que responder con propuestas que aproximen el cumplimiento de los puntos del pliego dentro del marco legal y sociológico de nuestro país.

Finalmente, quiero cerrar con un llamado al Presidente, a la Policía Nacional, a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, para que lleven a cabo todas las gestiones orientadas a la protección de quienes protestan y la comunidad en general, para que investiguen y judicialicen a quienes han violentado al pueblo colombiano (civiles y uniformados), a quienes han cometido delitos dentro de las manifestaciones, y un llamado a las víctimas y sus familiares para que no dejen pasar por alto la denuncia de los delitos y procedan con las medidas legales propias de cada caso.

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