Como ya sabemos Colombia es un Estado social de derecho en el cual existe a división de poderes ejecutivo, judicial y legislativo, es decir que esas ramas del poder público tienen a su cargo unas funciones independientes de las otras con el fin de lograr la imparcialidad en pro del bienestar público, sin que los intereses de las demás puedan afectar su visión objetiva.

Cuando nos situamos en la rama judicial vamos a encontrarnos con la función principal de impartir justicia y para ello tiene la potestad de dictar decisiones judiciales en sus diferentes presentaciones que resuelven alguna situación jurídica ordenando a las partes involucradas hacer, no hacer o dar; o sea que fija unas obligaciones a las partes y estas decisiones son para cumplirse independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellas, en cuyo caso tenemos unas herramientas que nos permiten impugnar esas decisiones al interponer los recursos correspondientes.

¿En qué se traduce lo anterior? En que sin importar si estoy a favor o en contra de un fallo judicial, me encuentro en la obligación de cumplir con lo que contiene esa decisión judicial y que tengo unos recursos disponibles para solicitar la revisión o modificación de ésta cuando no estoy de acuerdo con su contenido, y esto incluye al ciudadano de a pie como a los servidores públicos, y en general, a todo aquel al que la autoridad judicial le ordene algo.

Teniendo esto claro es incomprensible como el Gobierno de turno insiste en desacatar las decisiones judiciales como es el caso del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, ante la orden proferida en la sentencia de tutela que ordenaba la obligatoriedad de la exigencia de la prueba PCR (para detectar el covid 19) en los viajeros que deseen ingresar al país diciendo que pone al Ministerio en “una situación tremendamente compleja”.

Recordemos que las tutelas protegen los derechos fundamentales o de primer nivel de la población como es la vida y la salud, y que en esta pandemia ocasionada por el covid 19 hemos tenido que presenciar el deterioro en la salud de muchos ciudadanos y la muerte de otros tantos, por lo que la toma de las medidas de prevención del contagio va orientada a salvaguardar la salud y la vida de los colombianos, que debe ser la prioridad del Ministerio de Salud.

Entonces, ¿qué pasa si no se cumple con un fallo judicial? Cuando se desobedece un fallo de tutela nos encontramos en un escenario de desacato en el cual se deberán sustentar los motivos del incumpliendo, que, de no resultar satisfactorias, derivarán en la imposición de las sanciones que van desde el arresto hasta por 6 meses y multa de 20 salarios mínimos legales vigentes, sin embargo, mi preocupación recae en el hecho del impacto de la negativa de cumplimiento del Ministerio de Salud en la vida de los colombianos y el mensaje indirecto que le da a la ciudadanía: que no cumpla con las decisiones judiciales.

Ya es hora que el Gobierno se apersone de sus decisiones y que sea consciente del mensaje constate que está enviando a la población frente a las decisiones judiciales, en donde hemos visto que sin ningún escozor ha buscado romper con esa división de poderes del Estado, la imparcialidad de los jueces y primacía de la ley, lo que pone en riesgo el Estado social de derecho.

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